El Gobierno propondrá en los próximos meses una nueva ley de Financiamiento Político con el objetivo de alcanzar una mayor transparencia y habilitar el respaldo económico de las empresas en las campañas electorales.
La aspiración es que se sancione este año para evitar llevar el tratamiento del proyecto a 2019, que se presume será más complicado a la hora de buscar consensos de cara a la pelea electoral.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, adelantó que apunta a la «transparencia» de los procesos eleccionarios y castigar el «clientelismo», durante el seminario «Financiamiento Político en Argentina, diagnósticos y desafíos», que reunió a funcionarios, legisladores, especialistas del Poder Judicial y expertos internacionales.
Frigerio pidió «generar mayor transparencia en una actividad fundamental para la democracia como es la actividad de los partidos políticos» y prometió «mayores sanciones contra el clientelismo y aquellos que lo practiquen».
Además, se permitirán los aportes empresariales a las fuerzas políticas durante las campañas electorales, que al momento están prohibidos por ley, aunque resta en ese caso definir la letra chica de las restricciones. En principio, cada empresa podría aportar hasta de 3% de los gastos totales de cada coalición en la campaña.
Otro punto a debatir será si se habilita o no a los sindicatos a participar como aportantes. En ese caso, el punto de mayor polémica lo constituyen la existencia de gremios únicos en determinadas actividades. No solo porque al actuar como agentes de retención finalmente terminarían aportando dinero público, sino porque sus fondos pueden provenir de afiliados con distintas simpatías políticas, que luego verían cómo sus aportes obligatorios son utilizados para el apoyo de un candidato en particular.
A su turno, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, explicó que «el proyecto lo venimos trabajando hace un año» y que «es difícil saber cuándo existe el nivel de consenso ideal». «Este es el año, sino no se va a hacer», sentenció.
Pérez sintetizó los puntos que contendrá la norma para lograr «fondos sanos y sin dinero de ilícitos», orientada a «solucionar los grandes problemas» del financiamiento político.
Los aspectos principales incluyen:
-Bancarización de los fondos para tener un mayor control.
-Registro en tiempo real, para que los ciudadanos puedan observar qué dinero reciben los partidos y cómo lo gastan.
-Corregir la prohibición a aportar a empresas, personas jurídicas y físicas, con topes y regulaciones pare evitar que las fuerzas políticas sean coaptadas por grandes empresas.
-Registro de proveedores para controlar el desarrollo de las campañas en la via pública.
-Cruzamiento de información con organismos de control como Afip y Procelac.
-Sanciones para el clientelismo.
-Restringir la publicidad oficial en las campañas, para evitar que quienes gobiernan «inclinen la cancha a su favor» con los fondos provenientes del Estado.
