La fiscal Gabriela Boquin rechazó un pedido de la familia Macri para dilatar el proceso salvajate (cramdown) del Correo Argentino.
Como no logran aceptación a su propuesta de pago de las millonarias deudas, los Macri buscan llegar a la Corte Suprema. Pero la fiscal Gabriela Boquín y el procurador Carlos Zannini lo rechazaron.
Con la intención de llegar a la Corte Suprema de Justicia, días atrás los patrocinantes de los Macri presentaron un recurso extraordinario para cuestionar la decisión de la Sala B de la Cámara Comercial, que ordenó el inicio del registro de cramdown, que implica una convocatoria pública para saber si existen interesados en la compra del Correo Argentino, ya que la compañía no logra ordenar sus deudas. Si el llamado resulta desierto, la ley de quiebras indica que el siguiente paso es decretar la quiebra y en ese caso, los accionistas de Socma deberían responder de las millonarias deudas de su controlada.
El pedido se presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y también fue rechazado por el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, quien objetó la presentación del escrito de la parte que defiende a los Macri. «El segundo párrafo de la página 29 contiene caracteres de la letra cuyo tamaño es inferior a 12, correspondiendo en consecuencia su desestimación«, señaló Zannini.
La fiscal Boquín apuntó a las maniobras de dilación y la crisis que viven los Macri dentro de la empresa, que no juntan una mayoría que acepte su propuesta de pago en el concurso de acreedores. “Correo Argentino SA no puede sostener con un mínimo de seriedad la existencia de gravamen y afectación a su derecho de propiedad, de igualdad y de debido proceso cuando lo resuelto no ha sido más que la consecuencia legal de la falta de obtención de las mayorías requeridas por el art. 45 LCQ”, senaló Boquin en su dictamen.
“La afectación de tales derechos constitucionales ha sido padecida, en todo caso, por los acreedores merced a una inusitada extensión del trámite del proceso, lo cual le ha permitido permanecer en ‘estado de concurso preventivo’ por casi diecinueve años”, agregó la fiscal.
En este marco, Boquín consideró que el pedido de los Macri “debe ser declarado inadmisible”, porque “no existe cuestión federal ni supuesto de arbitrariedad” y que el recurso extraordinario para llegar a la Corte y constituye «un nuevo intento dilatorio de la concursada para seguir prolongando el trámite de los actuados, lo cual a esta altura ya no puede ser admitido”.
La decisión queda en manos de los camaristas comerciales Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero.
