El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, remarcó ayer que avanzarán en un programa amplio de asistencia cuando la provincia defina un plan serio de control del gasto y de mejoras institucionales. La gobernadora lo desafió: “Si el plan serio es sacar gente, no lo voy a hacer”.
Con un paro general como tenso telón de fondo y mientras ultima los trámites para recibir un préstamo del Banco Nación de $900 millones para pagar sueldos, Alicia Kirchner (FpV) desafió ayer al Gobierno de Mauricio Macri. «Si el plan serio que reclaman es sacar gente, no lo voy a hacer», disparó.
La reacción fue en respuesta a las advertencias que desgranó a primera hora el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien remarcó que el Gobierno nacional brindará «colaboración» a Santa Cruz para afrontar la crisis financiera «si hay un plan serio» por parte de su administración «para que acompañen el esfuerzo a nivel nacional de ordenar las cuentas públicas y de manera gradual llegar al equilibrio fiscal en 2019».
Frigerio hizo referencia así, en rigor, al Plan de Desendeudamiento federal, que permite a las provincias refinanciar sus pesados vencimientos de deuda con Nación y que, desde este año, exige como contrapartida -tal como lo informó ya Ámbito Financiero- el cumplimiento de metas trimestrales de reducción del déficit.
«Quieren que les financiemos el déficit pero no están dispuestos a pagar el costo político», aseguraron anoche desde despachos nacionales a este diario, además de remarcar que quien se atrevió a hacerlo fue la fueguina Rosana Bertone, a quien el año pasado los estatales le bloquearon el acceso a la gobernación durante 70 días.
La exministra de Desarrollo Social optó ayer por el contraataque. «Hoy escuchaba las palabras de Frigerio diciendo que nos tenemos que dejar ayudar y que tenemos que tener un plan serio. «¿Cuál es el plan serio? ¿Sacar gente? No lo voy a hacer», disparó, en el marco de un distrito con 115 empleados públicos cada 1.000 habitantes, contra 51 del promedio nacional.
Mientras tanto, avanzaron ayer los esfuerzos de la administración santacruceña en pos de completar el trámite que le permitirá acceder en las próximas horas a un préstamo del Banco Nación de $ 850 millones para apuntalar el pago de salarios.
Si bien las reformas estructurales de control del gasto y el fin de la polémica Ley de Lemas que le exige Nación a Santa Cruz aún están lejos de concretarse, en medio del hierro caliente en el que se convirtió el distrito la gestión nacional de Cambiemos está dispuesta a dar un paso más en el auxilio, más allá de los anticipos de coparticipación -a devolver a fin de cada mes- por el cual la gobernadora recibió este año $ 1.200 millones para apuntalar el pago de sueldos.
En esa línea se inscriben el guiño para el préstamo del Banco Nación -ayer era inminente- y para la colocación de un bono en el exterior por u$s350M, muy verde por las exigencias que impone el distrito.
«Estamos esperando que Santa Cruz complete trámites para ayudarlos con un crédito del Banco Nación, de unos $ 850 millones, y buscando la manera de colaborar con garantías y otros requisitos para salir al mercado internacional, ya que lo vienen buscando desde el año pasado», aseguró el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca.
El tenso escenario provincial está signado por una escalada de paros por la demora en el pago de salarios (no abonó aún marzo) y la falta de recomposición de sueldo.
La tensión se agravó en la madrugada del sábado, cuando una protesta de estatales derivó en un violento asedio de la Residencia oficial, en Río Gallegos, en la que se encontraban la gobernadora; la expresidente Cristina de Kirchner; su nieta Helena, de 18 meses, y tres empleadas. La concentración, supuestamente espontánea, derivó en un enfrentamiento con la Policía que dejó cuatro heridos.
En reacción, estatales, docentes, judiciales y trabajadores de la salud desplegaron ayer un paro en repudio a «la represión policial». Además instalaron una carpa y una olla popular sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner.
Los maestros de ADOSAC redoblaron la apuesta: definieron ayer que volverán a vaciar las aulas toda la semana, mientras que directivos de escuelas públicas amplificaron su malestar con la entrega de la llave de los establecimientos -que permanecieron cerrados- al Consejo Provincial de Educación. En tanto, hoy está prevista una asamblea pública de docentes, padres, estudiantes y estatales para definir nuevas acciones conjuntas de protesta.
