La diputada nacional, Graciela Ocaña, fue denunciada penalmente por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada del año 2016.
Quien aparece como denunciante es Gustavo Vera, integrante de la organización La Alameda, pero con el patrocinio legal de Daniel Llermanos, histórico abogado del gremio de camioneros, de estrecha relación con la familia Moyano. La causa tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello será quien deba investigar el material aportado, que incluye un relevamiento realizado sobre la declaración jurada de la legisladora. Para Vera, es «sospechoso el patrimonio declarado que alcanza casi los 5 millones de pesos, inmuebles (una mansión en un country, un departamento en Puerto Madero y dos domicilios más, sin incluir los otros cuatro de su marido) y empresas que fijan domicilio en su propia fundación Confianza Pública que lleva el mismo nombre de su partido.
Según la presentación «Ocaña fija domicilio en Puerto Madero, más precisamente en el Madero Center (en Azucena Villaflor 350) conocido por la financiera conocida mediáticamente como «La Rosadita».
y registra en un año un «notable incremento patrimonial: de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46 pesos», figura en la denuncia penal.
Otro elemento que incorpora la denuncia es que Ocaña declara como terreno baldío una mansión valuada en casi 1 millón de dólares ubicado en un country de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Más precisamente declaró ser propietaria de una parcela de 1050 m2 en el Barrio privado «Terravista» Ubicado en Colectora Norte Acceso Oeste, valuado en $900.000″.
Vera pidió al juez Ercolini y al fiscal Di Lello que soliciten a la administración del barrio privado el detalle sobre la titularidad del inmueble identificado y si la denunciada reviste condición de socia. Asimismo, si la parcela mencionada se encuentra baldía o edificada.
Según su declaración jurada -presentada en 2016 ante la Oficina Anticorrupción- Ocaña percibió ingresos por $1.175.000 al vender activos de su empresa «Área Tr3s Constructora SA». A Vera y Llermanos le llama la atención que «la sociedad actualmente se encuentra con un proceso de iliquidez debido a la extensión de 5 cheques sin fondos, por un total $139.351,00».
La denunciada conformó la constructora de cheques rechazados con Cristian Gregorio Re y Matías Fernández López Osornio. Este último socio registra su domicilio en el mismo barrio privado «Terravista». El titular de La Alameda sospecha que algunas inconsistencias en la declaración jurada de Ocaña son, en realidad, una táctica para «mostrar una reducción de su patrimonio personal».
Ocaña es presidente honorífica de la Fundación Confianza Pública, cuya coordinadora académica es empleada de la Legislatura Porteña desde marzo de 2016. Este organismo registra tres domicilios: Azucena Villaflor 350 7º 702 (Puerto Madero en el Madero Center), Azcuénaga 1077 5º A, Tacuarí 143 y Tucumán 862 2º A, todos en la Ciudad de Buenos Aires. El domicilio de Azucena Villaflor 350, sería el mismo que posee la denunciada de manera particular. Los otros miembros que integran la «Fundación Confianza Pública» se encuentra el legislador Diego García de García Vilas, que es vocal, y Alejandro Altoe quien fue empleado del Ministerio de Salud durante el año 2008 hasta abril de 2009 y además integra la empresa «AANTAJ SRL» (30-70999217-8), dedicada a la fabricación de artículos confeccionados de material textil, especialmente los chalecos antibalas. La empresa también fue constituida junto a Cipolat Analía Isabel, quien se encuentra casada con Gustavo Alejandro Luca, quien en el año 2016 ingresa a la empresa. «AANTAJ SRL» fue proveedora de chalecos para diversas fuerzas de seguridad en todo el país.
