Solicitan que se declare inconstitucional parte de la ley que establece que la procuradora no puede ser removida sino a través de juicio político. Nuevo frente.
Mientras arrecia la balacera política y judicial sobre la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, una ONG cercana al oficialismo buscará arrinconarla con un argumento técnico que permita abrir una puerta a su remoción, sin apelar al juicio político. Después de haber ensayado diversas formas para sumarle presión, la Agrupación Será Justicia hizo una presentación en el fuero Contencioso Administrativo Federal para obtener una «acción declarativa de certeza» en la que se plantea que no está especificado en la Constitución Nacional que el cargo de jefe de los fiscales precise de un juicio político para ser apartado. La demanda recayó en el juzgado de Ernesto Marinelli, un histórico del fuero, pero sólo como el primer plato de un conflicto que deberá recorrer todo el espinel y -de tener éxito- abrir un nuevo procedimiento que requiera menos votos, principal escollo actual para el Gobierno. El litigio podría excluir a la Procuración como parte y dirigirse al Estado, escenario más favorable para que el Ejecutivo trace una hoja de ruta menos espinosa.
La esencia de la demanda radica en que la Ley de Ministerio Público contempla como vía de remoción para el procurador los requisitos contenidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución, con dos tercios de los legisladores a favor, idéntico al trámite que para desplazar a un juez de la Corte Suprema. La ONG -muy cercana a Cambiemos- postuló que esas prerrogativas no enumeran al jefe de los fiscales entre quienes gozan de esa inmunidad y se basó en el fallo «Molinas», de 1991, dictado por el máximo Tribunal. Una ley de rango inferior no podría ampliar ese procedimiento estricto en beneficio de otros cargos, pese a que está establecido, por ejemplo, que el procurador penitenciario y el procurador de la defensa gozan de la misma estabilidad. Por esto es que Será Justicia promovió una acción declarativa para que se declare inconstitucional ese ítem de la ley orgánica y se apoyó en el fallo de la Justicia electoral que no reconoció los fueros parlamentarios para los legisladores del Parlasur. Contrariamente, Gils Carbó había argumentado ante la Corte que esos fueros alcanzaban la inmunidad de arresto de Milagro Sala, en un tema bajo análisis de ese tribunal.
La contrapropuesta radica en que se siga el mismo parámetro de remoción que para cualquier fiscal, sin ampliar la inmunidad funcional de Gils Carbó. El resultado -de tener éxito la movida- sería que se anule parte de la Ley de Ministerio Público, aunque el tema podría escalar hacia la Corte, instancia final de decisión. Los tiempos para todo el recorrido excederían los plazos ideales para la Casa Rosada, por lo que únicamente podría funcionar como un ariete que complete una estrategia más amplia, completada por la Comisión Bicameral de Seguimiento (que se reúne pasado mañana), y la causa que instruye el juez Julián Ercolini por la compra de un inmueble, en Comodoro Py. Guillermo Lipera, otro de los referentes del Colegio de Abogados de la Capital Federal y de Será Justicia fatiga las redes sociales recolectando firmas virtuales para que se atienda su petición paralela de juicio político.
El fuero Contencioso ya le dio un disgusto a la procuradora cuando anuló el sistema de concursos de fiscales, apuntando a la integración de los jurados. Esta cuestión ahora está bajo análisis de la Cámara pero, en la práctica, inmovilizó todos los procesos y congeló vacantes. Varios postulantes analizan demandar ante derechos avasallados.
En paralelo, Gils Carbó presentó a través de su abogado, una réplica de su informe al Congreso por la compra de la sede de la Procuración al fiscal Eduardo Taiano. En el entorno de la jefa de los fiscales descreen que el fiscal pueda solicitar su indagatoria dado que no existiría una conexión entre ella y el funcionario suspendido por haber traficado información de la licitación. Aclaró que sí se investiga si pudo haber existido «un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia», que pudo haber generado «un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo». En ese sentido se destacó que «las instancias de control y el riguroso cumplimiento de los pasos administrativo impidieron todo perjuicio patrimonial al erario público». «La verosimilitud de algunos aspectos de la información periodística pudo ser verificada en pocas horas mediante un informe solicitado de manera urgente por la procuradora a la Dirección Disciplinaria», informó Gils Carbó en el descargo que alcanzó a Taiano, quien había solicitado allanamientos para hacerse de toda la documentación y computadoras que utilizaba Guillermo Bellingi, sospechado por la maniobra.
