El Gobierno prepara un nuevo golpe a las finanzas de un sindicato opositor. Será sobre un aporte de los bancos a favor de la Asociación Bancaria, el gremio que lidera Sergio Palazzo, enfrascado en una negociación salarial inconclusa y conflictiva y con una intervención permanente de los funcionarios en el afán de encarrilar el debate en las pautas previstas por el Ejecutivo.
Así, la administración de Mauricio Macri profundizará la línea de distinción entre dirigentes aliados y rivales a través de un mecanismo de premios y castigos.
El Ministerio de Trabajo tiene previsto resolver en contra de la validez de una contribución pactada años atrás entre el sindicato y las cámaras que nuclean las entidades financieras equivalente al 1% del total de la nómina salarial con destino a la Obra Social Bancaria, destinada a su saneamiento. La medida irá en la misma línea que otra de la cartera laboral, adoptada semanas atrás, que anuló la vigencia del descuento forzoso del 1% sobre los sueldos de los empleados bancarios no afiliados al gremio, denominado «cuota solidaria».
La decisión apunta a dañar la línea de flotación de La Bancaria, que aparece como una amenaza a la pauta salarial de 15% sin cláusula gatillo que impulsa el Ejecutivo para la actual ronda de paritarias. Mientras ese parámetro avanza entre gremios alineados con el oficialismo como Obras Sanitarias y, esta semana, los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor, el sindicato bancario y los docentes surgen como los principales obstáculos para asentarlo para el resto de las negociaciones.
El aporte a la obra social fue establecido en la discusión salarial de 2013. En aquella oportunidad el gobierno de Cristina de Kirchner operó a favor del gremio para forzar a los bancos a acordar esa contribución, que entonces representaba 100 millones de pesos anuales y que en la actualidad más que se duplicó. En ese momento había una razón política de peso: la entonces mandataria buscaba aislar a Hugo Moyano y logró que Palazzo se retirase de la CGT que encabezaba el camionero con el argumento de que estaba en desacuerdo con la creación de un partido político (Cultura, Educación y Trabajo, CET).
De hecho ese aporte fue la llave que consensuaron Palazzo y Cristina de Kirchner para la restitución de la Obra Social Bancaria al sindicato luego de años de haber permanecido intervenido por funcionarios de aquella administración. La intervención, a su vez, había sido consecuencia del avance de la causa judicial por la denominada «mafia de los medicamentos» que desembocó con el encarcelamiento preventivo por más de dos años de Juan José Zanola, el antecesor de Palazzo.
Así como la instauración del aporte su inminente pérdida de vigencia también tiene una raíz política. El planteo surgió de las cámaras bancarias como inquietud por su validez, tras haberla incluido sin mayor discusión en todos los acuerdos paritarios desde 2013. Las entidades, sin embargo, lo hicieron con un guiño de la cartera laboral que esperaba sumar elementos para acorralar a Palazzo. El planteo fue tramitado por el viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau, y aguardaba esta semana un dictamen de su estrecha colaboradora la directora de Relaciones Laborales, Karina Palacios.
El mismo Pitrau había sido clave para resolver en igual sentido días atrás sobre la «cuota solidaria» del 1% de los sueldos der los no afiliados. Con ese antecedente el equipo del ministro Jorge Triaca daba por sentado que el aporte a la obra social correría la misma suerte.
Ante esa amenaza la Asociación Bancaria cuenta con un antecedente judicial a su favor. Tras la caída de la «cuota solidaria» y la demora en la firma de un nuevo acuerdo solidario, por la negativa del Gobierno de habilitar una cláusula gatillo, la seccional chaqueña del gremio presentó un pedido de amparo ante la Justicia provincial para sostener la aplicación de esa herramienta de actualización salarial incluso a partir de enero, cuando en teoría ya estaba vencida.
La Justicia de primera instancia de Chaco dictaminó a favor de considerar «ultraactiva» esa cláusula y el aporte forzoso de los no afiliados, es decir por su vigencia hasta tanto el acuerdo vencido no fuese reemplazado por uno nuevo, y otorgó la medida cautelar, lo que mereció una apelación de la cartera laboral.
