El interbloque Cambiemos evitó este miércoles el intento de los bloques opositores de debatir en sesión especial una veintena de proyectos sobre las tarifas, desde retrotraerlas a diciembre del 2017 hasta congelar esos valores hasta fines del 2019 imponiendo su mayoría numérica.
La oposición aseguró que habrá nuevos intentos. Tras seis horas de sesión se levantó el debate y se pospuso el tratamiento de la reforma de mercado de capitales para el 9 de mayo.
El primer proyecto que se debatió fue impulsado por el peronista Diego Bossio y arrojó 132 votos a favor y 106 en contra, con lo cual no se obtuvieron los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas.
Al fundamentar su iniciativa, el diputado peronista y ex titular del Anses en el gobierno kirchnerista dijo que el oficialismo «no tiene voluntad política» para discutir las tarifas y advirtió que desde el justicialismo no están proponiendo «congelar las tarifas» sino «una propuesta seria» que permita «a las familias y a las pymes» pagar los servicios públicos.
«No utilizamos el tema tarifas como una especulación política. Queremos discutir un tema que afecta a miles de argentinos», advirtió el diputado peronista, que remarcó la necesidad de «resolver el tema de las tarifas para que haya más crecimiento y más producción».
Otro de los proyectos que se discutió fue propiciado por la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, que proponía la emergencia energética por un año y cuyo tratamiento sobre tablas fue trabado por la bancada del oficialismo por 134 a 100 votos, con lo cual no tuvo los dos tercios.
«Saludo que el oficialismo haya decidido venir en lugar de estar detrás de las cortinas como la semana pasada», dijo la diputada, que cuestionó que estén «obstruyendo la sesión para debatir el tema de las tarifas».
Agregó que «es la política en este ámbito la que tiene que resolver este tema grave» y recordó: «Hace tres años que venimos planteando este tema, cuando el señor Shell o Aranguren, que representa los intereses de sus propias acciones, con una caterva de funcionarios en los órganos de control a CEO de las empresas de energía, aterrizó en el área energética».
Por otra parte, también se rechazó por 130 votos afirmativos y 102 en contra el tratamiento sobre tablas de un proyecto sobre tarifa social para empresas recuperadas presentado por el ex ministro de Economía del kirchnerismo Axel Kicillof, quien dijo que si la oposición se une puede «pararle la mano al Gobierno».
La oposición parlamentaria reunió el quórum necesario para debatir en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica el esquema tarifario de servicios públicos, tras su fracaso de hace una semana, cuando el interbloque Cambiemos no dio quórum para habilitar la sesión especial.
El bloque justicialista, junto a los massistas, el kirchnerismo, la izquierda, y bancadas provinciales aseguraron el quórum para abrir la sesión, por lo que el oficialismo se sumó, con el fin de discutir la iniciativa plasmada en base a unos 26 proyectos que oscilaban entre atenuar las tarifas o congelarlas hasta el 2019.
Sin embargo, Cambiemos se negó a tratar el tema por no contar con el dictamen necesario. En ese marco, el titular del interbloque oficialista, Mario Negri, anunció la convocatoria a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del cuerpo, que preside el macrista Luciano Laspina, para el miércoles próximo a las 14, a fin de debatir los proyectos impulsados por la oposición que busca retrotraer los aumentos tarifarios y los actualiza a la variación salarial.
A su turno, Laspina advirtió a la oposición que «debe definir cómo se financiarán estos proyectos» tendientes a retrotraer las tarifas a diciembre y reducir el IVA que se aplican a los servicios públicos y anticipó que pedirá al área técnica del cuerpo en materia presupuestaria «un dictamen para determinar el costo fiscal» de esas iniciativas.
Al exponer en el primer tramo de la sesión especial de la Cámara de Diputados, Laspina desafió a los autores de los proyectos de la oposición que buscan frenar los aumentos tarifarios a decir de qué manera se financiaría la quita: «Tenemos que saber cuál es el costo fiscal de estos proyectos impulsados por aquellos que nos metieron en este problema», disparó.
Además, luego de fundamentar por qué aún no convocó a la comisión que preside para el tratamiento de esas iniciativas, Laspina adelantó que enviará «a la Oficina de Presupuesto» de la Cámara de Diputados -un ámbito técnico- el predictamen de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor firmado ayer para «determinar el costo fiscal», de la iniciativa.
Por otro lado, en su exposición en el recinto, Laspina afirmó que, «como un cuerpo responsable, debemos esperar el dictamen de la oficina del Congreso que todos hemos votado, para que nos digan, sin demagogia, cuánto es el costo fiscal y cómo la oposición lo quiere financiar».
Laspina apuntó, con ironía, que la oposición debe definir cómo se solventará la baja de tarifas, «si es que van a subir impuestos o autorizar al Poder Ejecutivo a emitir más deuda».
El Congreso Nacional aprobó en diciembre pasado el Presupuesto 2018, que estipuló una baja en los subsidios para energía en torno al 16,2 por ciento y del 5 por ciento en transporte para disminuir el déficit fiscal, que repercute en los aumentos tarifarios.
El frente opositor del justicialismo, el massismo y el kirchnerismo (con disidencias) dio ayer una fuerte señal al obtener dictamen sobre el proyecto en un plenario de comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor, presididas por el justicialista Sergio Ziliotto y Marcela Passo, del Frente Renovador, respectivamente.
Ese texto no estaba en condiciones de ser abordado en el recinto con mayoría simple, porque aún le restan los dictámenes de Presupuesto y Hacienda y peticiones, las otras dos comisiones a las que fue girado, y cuyas presidencias están en manos del oficialismo.
El Gobierno espera que en las próximas semanas haya un acuerdo con los gobernadores para que el tema tarifario no se discuta en el Congreso. Pero mientras tanto logró postergar al menos hasta la semana que viene el tratamiento en Diputados. Hoy la oposición pudo expresarse contra el «tarifazo» y poner a votación todos los proyectos, aunque sin los 2/3 de los votos fueron rechazados.
La necesidad de un acuerdo con los mandatarios se debe a que el oficialismo tiene 30 días -según se dispone en el reglamento en la Cámara- desde que se reclama que se trate un proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En relación al dictamen de las comisiones de Obras y de Defensa del Consumidor, propone que las tarifas se incrementen de acuerdo a la variación salarial y eliminar el IVA que se cobra en los servicios públicos.
En tanto, el oficialismo insistirá en abordar el debate que le permita convertir en ley el proyecto de financiamiento productivo impulsado por el Poder Ejecutivo, tras fracasar la semana pasada en ese intento como consecuencia de la frustrada sesión especial convocada por la oposición sobre el tema del aumento de tarifas.
La decisión de postergar la sesión ordinaria del miércoles pasado se adoptó tras el fracaso de la sesión especial que había sido convocada por la oposición para debatir proyectos para retrotraer las tarifas de servicios públicos.
En esa circunstancia, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó (PRO), informó que la sesión ordinaria pasaría para esta semana.
La iniciativa que se pondrá a consideración de los diputados tiene como objetivo potenciar el financiamiento de las pymes que hoy no tienen acceso al crédito.
Entre otras cosas, elimina la facultad que desde 2013 tiene la Comisión Nacional de Valores (CNV) de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.
También facilita el acceso de créditos para las pymes incorporando las letras hipotecarias, y crea una factura de crédito electrónica para micropymes, de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida, como si fuera un cheque.
El proyecto, aprobado el año pasado por la Cámara de Diputados, recibió modificaciones en el Senado, que fueron ratificadas en el dictamen de mayoría surgido de la reunión de comisión firmado la semana pasada, entre los que figuran la forma de designación del presidente de la CNV.
Según el proyecto aprobado en primera instancia en Diputados, el funcionario quedaba confirmado si el Senado no se expedía después de 60 días de elevado el nombre del candidato por parte del Gobierno.
La modificación del Senado eliminó ese acuerdo, adoptándose en cambio el texto del artículo 7 de la Carta Orgánica del Banco Central.
Otro cambio alude a las excepciones al pago del impuesto a las Ganancias para operaciones de compraventa de acciones, debido a que este punto se contradecía con la ley de reforma tributaria ya aprobada, en la que sí se gravaban esas operaciones.
