Los efectivos de Gendarmería podrán usar armas particulares en servicio.
Lo autorizó una norma interna de la fuerza, firmada la semana pasada y a la que tuvo acceso a este diario, que se ampara en restricciones presupuestarias para cubrir la falta de armamento reglamentario. La medida levantó controversia entre especialistas en seguridad y exfuncionarios por el control del armamento, y rechazo de organismos de derechos humanos que prevén impugnarla.
La disposición, publicada de forma interna el jueves pasado, lleva la firma del director de Gendarmería, comandante general Gerardo Otero, y en apenas cinco artículos anula una prohibición que regía desde 2013 como parte de un plan iniciado el año anterior denominado «Programa sobre el Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego» para las fuerzas de seguridad. La normativa se apoya en la vigencia de la «emergencia de seguridad pública» decretada en 2016 por Mauricio Macri y prorrogada hasta la actualidad.
«La institución enfrenta una falta en los recursos materiales como el armamento de puño de propiedad institucional, por lo que resulta dificultosa la provisión al personal, a fin de realizar los correspondientes actos de servicio», señala la disposición en sus considerandos. El articulado se limita a derivar a áreas internas de la fuerza la habilitación de un sistema de registro, control y seguimiento de las armas particulares, así como de una base de datos. Este diario intentó comunicarse con funcionarios del Ministerio de Seguridad pero hasta anoche ninguno de ellos quiso responder.
Nilda Garré, exministra de Seguridad y responsable del programa que limitaba el uso de armamento personal, consideró «muy errada e injustificada» la medida y recordó que «la mayor cantidad de muertes de policías y miembros de las fuerzas se produce cuando están fuera de servicio pero van armados e intentan repeler un asalto». «Con esta decisión de (la ministra, Patricia) Bullrich no sólo no se busca limitar las armas sino que además se autoriza el uso de las personales, en la dirección contraria a la que debería impulsarse», afirmó la diputada nacional.
Según Garré, la norma de Gendarmería «cita equivocadamente» el programa de 2012. Además, le dijo a este diario que en su gestión hubo varias medidas «para limitar el uso de armas, aún las reglamentarias», y entre ellas mencionó «la prohibición a los agentes con antecedentes por violencia de género retirarse a sus domicilios con el arma reglamentaria una vez cumplidas sus actividades».
El fiscal federal Jorge Di Lello, titular de la unidad especial Armas, consideró «lamentable que se habilite el uso de armas particulares porque no hay plata» pero admitió que la mayoría de los efectivos tiene ese tipo de material en sus casas y al menos «esto habilitará un registro que evitará cualquier desvío permitirá rastrear» el armamento.
En cambio, para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la medida hará «más débil el control y la trazabilidad» del armamento y la munición de los gendarmes y encierra como riesgo adicional la pérdida de distinción «entre lo público y lo privado», le dijo a este diario Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional. «En los últimos años se tomaron medidas que apuntaron a limitar el uso de la fuerza letal. Pero este Gobierno parece ir en sentido contrario, tanto por los mensajes políticos de apoyo a efectivos sin esperar que la Justicia se expida hasta medidas como esta, que para nosotros es complicada porque de alguna manera borra la distinción entre lo privado y lo público».
Tufró destacó además haber tomado conocimiento de la norma «porque se filtró» y consideró que «es un retroceso que remite a años atrás cuando las fuerzas tomaban sus decisiones y sólo las comunicaban de manera interna». «Evidentemente para este Gobierno eso no es un problema», dijo el experto, que adelantó que el CELS hará «una presentación ante el Ministerio de Seguridad» para impugnar la medida.
