El Senado le dio luz verde al proyecto para urbanizar las más de 4.200 villas y asentamientos que hay en el país y, de esa manera, comenzó el camino para mejorar la calidad de vida de más de 4 millones de personas.
Pero este sólo es uno de los pasos de una larga escalera a la que todavía quedan muchos escalones por subir. El primer paso de esta iniciativa fue en 2016 cuando diversas organizaciones comenzaron, junto con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un relevamiento, llamado Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que dejó al descubierto una problemática social y urbana que ya tiene más de 80 años.
El primer paso fue reconocer el conflicto. Y a partir de ahí, conocer. Entender todos los actores y los factores que conviven en los barrios populares. El relevamiento arrojó datos ciertos donde antes había agujeros negros. La diferencia entre villas y asentamientos sirve como buen punto de partida. Y en ese sentido, la clave está en la densidad poblacional. De los 4.228 barrios informales sólo el 21,5 por ciento adquiere la categoría de villa; mientras que el 78,5 restante son asentamientos (68 por ciento son menos de 150 familias). Para entender más, vale decir que el 93 por ciento de las casas no tiene acceso formal a una red de agua corriente y más de un 70 por ciento a tampoco tiene luz de manera legal.
Para comprender en qué consiste la ley, Fabio Quetglas, diputado nacional y director de la Maestría de Ciudades de la UBA, explica: «La ley prevé tres cocas: suspende los desalojos por cuatro años, declara sujeto a expropiación los terrenos privados ocupados y le impone a los gobiernos nacionales la obligación de pactar con los gobiernos provinciales una estrategia de integración socio urbano para cada uno de los barrios».
Y lo simplifica más: «Hay cuatro actores claves que hoy están en ‘el debe’: el dueño del terreno no cobra nada, y lo tiene ocupado; el ocupante no sabe si invertir o no porque está en una situación de inseguridad jurídica; las empresas prestadoras de servicios públicos no pueden programar, ni brindar los servicios con normalidad; y el gobierno local cobra cero de impuestos. Con esta ley se cambia la situación y pasás a que el dueño cobre algo, porque se le paga la expropiación; que el titular pueda invertir porque sabe que lo heredan sus hijos, y el aumento en la tasa de inversión es inmediata cuando se otorgan estos títulos; que las empresas de servicios públicos puedan expandir sus servicios; y que los gobiernos locales cobren aunque sea algo».
Para Juan Enríquez, referente de Villa Palito (el barrio de La Matanza que es ejemplo de exportación en materia de urbanización) «lo de la ley es un avance. De que no haya nada a que aparezca una ley, es un paso. Pero no hay que tener miedo. La transformación se da de adentro hacia afuera, con el convencimiento de la comunidad. Es la gente la que mantiene la llama encendida porque esto es algo que lleva tiempo y que puede atravesar diferentes gobiernos. Hay muchas cosas que son teóricas, pero cada persona es un mundo. Y después hay que llevarlas a cabo. Pero transformar una villa es algo muy hermoso, que va más allá de los colores políticos».
Para el financiamiento de toda la tarea se creará un fideicomiso que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y que estará habilitado a tomar deuda con organismo internacionales o recibir inversión privada. Este punto genera ciertas dudas. «La mirada política te dice que es raro. Se unificó vivienda y hábitat y ahora lo volvieron a separar. No es bueno en lo teórico. Pero la ministra de Desarrollo, lo apoyó. Y está bueno. Debería haber algo centralizado, algo así como el ministerio de las ciudades, como tiene Brasil. El tamaño del desafío es enorme. Y no es de corto plazo. Ojalá haya una acuerdo multipartidario para que los que gobiernen ya que es importante que haya otras partidas presupuestarias», asegura Virgilio Gregorini de Techo, una de las organizaciones más comprometidas.
Enriquez agrega que «no vemos que el Ministerio de Desarrollo Social sea el que tenga que hacer este trabajo. No tiene el presupuesto necesario. Tiene que ver con la mirada. No es ver de qué manera ayudás. Es un problema estructural».
Historia y después
El 45 por ciento de las villas y asentamientos son posteriores al 2000. Más de la mitad tienen más de 18 años. Algunas, incluso, alcanzan los 80 años. En materia de densidad las diferencias también son enormes. La Villa Itatí (Quilmes) tiene más de 60 mil habitantes; mientras que hay asentamientos de 15 familias. «Hasta el 80 existía el loteo popular: empresas que generaban suelo urbano y que los trabajadores del mundo industrial compraban a 140 meses el lote y hacían su casa. Con la inflación ese modelo desapareció. Lo otro que pasó fue que luego de la desindustrialización post 75, la cantidad de trabajadores informales creció mucho hasta el día de hoy. Y como tercer punto, aquel suelo pasó a privado y se convirtió en country», explica Quetglas en lo que refiere a la problemática de la informalidad urbana.
Y agrega que «esto no es algo que se resuelva de manera natural o policial. Estoy desarrollando un proyecto de ley para que los gobiernos federales ayuden a los municipios a generar suelo urbano para de esta manera evitar nuevos barrios o villas. Y así se genera una gran dinámica económica porque hay muchas familias que pasan a tener una preferencia sobre la inversión en vez del ahorro una vez que tienen el título».
En ese punto aflora el consenso. Enríquez cuenta su caso personal: «Nadie te va a negar que quiere vivir mejor. Pero lo que pasa es que muchos no saben cómo es vivir mejor. La ducha la conocí cuando urbanizamos Villa Palito. Se piensa que estamos en contra de urbanizar porque no queremos pagar luz, agua y gas. Y no es así, es que ni pensamos en eso. Ojo, no creo que todas se puedan urbanizar. Cada villa tiene que tener su ante proyecto. Se habla de inclusión urbana. Pero la inclusión, es social. La casa lo que te da es la dignidad para adentro. Cuando era chico yo estaba en la calle porque en la casa no entraban todos. Así de simple».
Según Gregorini, «en los barrios hay una dinámica. La gente progresa de acuerdo a sus posibilidades. No es una elección entre esto o algo formal. Hay un prejuicio. Hay algunos sectores bajos que pagan más impuestos que los acomodados. Hay que desarmar los prejuicios. La gente muchas veces labura en condiciones precarias y subsiste como puede. Con los aumentos de los servicios se hace imposible. Es un tema más social, que sectorial».
Retoma Quetglas: «Se debería empezar por los barrios menos conflictivos. Barrios amanzanados, con una densidad moderada y con una distribución socio económico organizada. En el segundo cordón del conurbano hay algunos en esa situación. Hay que ir uno por uno porque el Estado y los provinciales pueden operar a una tasa de 200 barrios al año».
Y para entender cómo se logra el convencimiento de los habitantes, Enríquez expone su experiencia en «la Palito». «Villa Palito se logró gracias a la decisión de Alberto Balestrini, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Verónica Magario. Porque hay un porcentaje grande que es de la municipalidad. Las maquinas son un presupuesto terrible. La clave está en dialogar con la gente. Yo no busco punteros políticos para contar. Se lo digo al que vende medias adentro de la villa, que puede entender de lo que hablamos. Porque la realidad es que no necesitás un 100 por ciento de consenso. Con el 25 por ciento ya hacés, y cuando ve los resultados el resto se va a acercando solo. Es una inversión en todo sentido».
Para cerrar, el director de Techo afirma que «la demanda tiene un valor. Hace dos años no se sabía nada y hoy logramos todo esto que nos permite saber. En lo concreto que no haya desalojos durante cuatro años es importante. Es un punto de inflexión para la lucha de todos los barrios. Claro que no es un proceso rápido, pero la rapidez es un poco el cuello de la botella. Las organizaciones estamos para que las leyes no se cumplan solas ya que no queremos que se transforme en una letra muerta».
