La idea es sancionar ley para que tenga 9 jueces y consensuar reparto con oposición. Naufragó intento pre-electoral. Interna feroz por caso «Vialidad»
En el cuarto piso de Talcahuano 550 están al tanto de estos movimientos y del intento del Gobierno de colocar como “fronting” del proyecto al líder de la bancada peronista en el Senado Miguel Ángel Pichetto. El rionegrino se negó de plano y el oficialismo decidió arriar las velas –con prudencia- hasta tanto pueda asegurarse una continuidad y recupere las energías. El contrapunto que generó el pedido del expediente de la causa “Vialidad” terminó de desmoronar la poca comunicación que existía entre la Casa Rosada y la cabeza del Poder Judicial. Sin brújula, el Gobierno le apuntó a Alberto Fernández como artífice de la jugada de la Corte cuando en realidad el hombre del kirchnerismo que mejor comunicación tiene con el cuarto piso de Tribunales es Eduardo “Wado” De Pedro.
Causaron mucha molestia las declaraciones oficiales contra el cuarteto que amagó con frenar el inicio del juicio oral. Pero el detrás de escena dejó heridas más profundas al interior de la Corte y la sensación de que la mayoría podría adoptar medidas más drásticas para graficar qué tan intensos son los cortocircuitos. Se sumó a que percibieron trabas en la circulación de los casos análogos por reajustes a jubilados derivados del caso Blanco y los de Ganancias a pasivos.
La respuesta de la Corte a la artillería que le dispensó el Gobierno por el caso de Cristina fue tan imperceptible como dañina: el mismo día del inicio del debate oral firmaron un fallo fuera de agenda en el que reconocían que determinadas sumas pagadas a personal del Ejército deben considerarse remunerativas y bonificables, como parte del sueldo. Existe un paper interno del propio Gobierno que reconoce que el universo de casos impactados por la sentencia podría trepar a los $80 mil millones de costo fiscal. Eso sin tener en cuenta lo que se deberá erogar por el caso de la coparticipación de Santa Fe, próximo a culminar. Y, adicionalmente, lo que representará como golpe político para la Casa Rosada que la Corte declare próximamente la constitucionalidad de la Ley de Glaciares en la demanda que entabló Barrick Gold. Dentro del cronograma de sentencias previstas, será un revés que repercutirá en la política minera que propició el oficialismo.
En la Corte también tomaron nota de las declaraciones de Fernández –ya precandidato presidencial- cuando aseguró que no propiciará una ampliación del máximo Tribunal. Sus dardos estuvieron dirigidos a una eventual modificación en el Consejo de la Magistratura, siempre eje de controversias por su funcionamiento. Coincidió con una “mini-rebelión” de senadores del PJ que se negaron a aprobar una serie de pliegos que habían sido elevados tras el proceso de selección y que formaban parte de un pacto no escrito que podría trabar el resto de las designaciones que el Gobierno tiene en carpeta. Dentro de la Comisión de Selección están cuestionando el modo en el que se eligen los jurados, de los que depende quién queda y quién no en carrera.
La Corte recordó que desde hace un año cuenta con un dictamen de la Procuración en el caso que cuestiona la constitucionalidad de la actual conformación del Consejo de 13 miembros.
La idea es sancionar ley para que tenga 9 jueces y consensuar reparto con oposición. Naufragó intento pre-electoral. Interna feroz por caso «Vialidad»
En el cuarto piso de Talcahuano 550 están al tanto de estos movimientos y del intento del Gobierno de colocar como “fronting” del proyecto al líder de la bancada peronista en el Senado Miguel Ángel Pichetto. El rionegrino se negó de plano y el oficialismo decidió arriar las velas –con prudencia- hasta tanto pueda asegurarse una continuidad y recupere las energías. El contrapunto que generó el pedido del expediente de la causa “Vialidad” terminó de desmoronar la poca comunicación que existía entre la Casa Rosada y la cabeza del Poder Judicial. Sin brújula, el Gobierno le apuntó a Alberto Fernández como artífice de la jugada de la Corte cuando en realidad el hombre del kirchnerismo que mejor comunicación tiene con el cuarto piso de Tribunales es Eduardo “Wado” De Pedro.
Causaron mucha molestia las declaraciones oficiales contra el cuarteto que amagó con frenar el inicio del juicio oral. Pero el detrás de escena dejó heridas más profundas al interior de la Corte y la sensación de que la mayoría podría adoptar medidas más drásticas para graficar qué tan intensos son los cortocircuitos. Se sumó a que percibieron trabas en la circulación de los casos análogos por reajustes a jubilados derivados del caso Blanco y los de Ganancias a pasivos.
La respuesta de la Corte a la artillería que le dispensó el Gobierno por el caso de Cristina fue tan imperceptible como dañina: el mismo día del inicio del debate oral firmaron un fallo fuera de agenda en el que reconocían que determinadas sumas pagadas a personal del Ejército deben considerarse remunerativas y bonificables, como parte del sueldo. Existe un paper interno del propio Gobierno que reconoce que el universo de casos impactados por la sentencia podría trepar a los $80 mil millones de costo fiscal. Eso sin tener en cuenta lo que se deberá erogar por el caso de la coparticipación de Santa Fe, próximo a culminar. Y, adicionalmente, lo que representará como golpe político para la Casa Rosada que la Corte declare próximamente la constitucionalidad de la Ley de Glaciares en la demanda que entabló Barrick Gold. Dentro del cronograma de sentencias previstas, será un revés que repercutirá en la política minera que propició el oficialismo.
En la Corte también tomaron nota de las declaraciones de Fernández –ya precandidato presidencial- cuando aseguró que no propiciará una ampliación del máximo Tribunal. Sus dardos estuvieron dirigidos a una eventual modificación en el Consejo de la Magistratura, siempre eje de controversias por su funcionamiento. Coincidió con una “mini-rebelión” de senadores del PJ que se negaron a aprobar una serie de pliegos que habían sido elevados tras el proceso de selección y que formaban parte de un pacto no escrito que podría trabar el resto de las designaciones que el Gobierno tiene en carpeta. Dentro de la Comisión de Selección están cuestionando el modo en el que se eligen los jurados, de los que depende quién queda y quién no en carrera.
La Corte recordó que desde hace un año cuenta con un dictamen de la Procuración en el caso que cuestiona la constitucionalidad de la actual conformación del Consejo de 13 miembros.
