En medio de la escalada de protestas por retrasos salariales que paraliza Santa Cruz, el Gobierno de Alicia Kirchner (Frente para la Victoria) elevó a la Casa Rosada el reclamado plan de reducción gradual del déficit, una exigencia que de ser aprobada -Nación contestará entre mañana y el lunes- destrabará una asistencia financiera clave para el distrito patagónico.
Sin embargo, desde despachos federales revelaron que «el único supuesto que tiene esa propuesta para bajar el déficit es el ajuste por inflación de los salarios», ya que «augura un aumento salarial en 2017 de alrededor del 18% y un incremento de la recaudación provincial superior al 25%».
En esa línea, el ministro de Economía santacruceño, Juan Donnini, confirmó que «se presentó un plan económico, donde la reducción del déficit es resultado de una mejora constante de los ingresos».
«Si se estaba esperando un plan de ajuste entonces eso nunca les va a llegar porque, como ya dijo la gobernadora, nosotros no vamos a echar a nadie», advirtió, en el marco de un distrito con 115 estatales cada 1.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 51.
La propuesta para domar el déficit -que escalaría a $5.700 millones a fin de año- amenaza con profundizar el malestar de los gremios, sumidos en una oleada de huelgas por las demoras en el calendario salarial.
La respuesta del Ministerio del Interior -que conduce Rogelio Frigerio- será elevada entre mañana y el lunes, además del pedido de «una mayor apertura en el detalle de los números», mientras definen el envío de «una misión técnica» a Río Gallegos.
El Ejecutivo santacruceño bocetó un programa de gastos y financiamiento hasta 2022, aunque desde Nación buscarán soluciones «sólo hasta 2019», año en que expirará el mandato de la exministra de Desarrollo Social nacional.
«La mayoría de las metas de gastos que incluyeron son incumplibles; ahora estamos analizando qué es lo más realista en base a lo que enviaron, y ver cuáles son las necesarias y que puede financiar Nación», afirmaron.
La contestación oficial es esperada con ansiedad, ya que una devolución positiva allanará el camino para un préstamo del Banco Nación por entre $ 750 millones y $ 900 millones, además de una refinanciación de la deuda que pateará este año vencimientos de deuda por $ 800 millones. También pende el aval para colocar un bono por u$s 350 millones.
No obstante, la asistencia federal también estará atada a los avances de una mesa de diálogo con fuerzas santacruceñas que convocará el Gobierno de Mauricio Macri, en pos de consensuar la eliminación de la Ley de Lemas y la reelección indefinida.
La pulseada se da mientras Santa Cruz es un hervidero, con otra semana de huelgas generalizadas frente a los retrasos salariales (a duras penas el Ejecutivo pagó en las últimas horas el sueldo de marzo, pero sin la suba de 2016) y la falta de una recomposición.
En medio del creciente malestar, ayer maestros nucleados en ADOSAC -que acumulan más de 30 días de huelga- reclamaron 1000 bolsones de comida en el Ministerio de Desarrollo Social.
En la noche del martes, en tanto, la multisectorial Asamblea Pública definió nuevas protestas, entre ellas el reclamo de rendición de las cuentas públicas, una nueva marcha mañana en Río Gallegos, y el pedido hoy en el Concejo Deliberante de un cambio de nombre de la avenida Néstor Kirchner.
