El Senado activó, a fines de noviembre pasado, un plan de retiros voluntarios para los empleados de planta permanente desde 55 años (mujeres) y 60 años (hombres) que contaran con los aportes previsionales correspondientes.
Desde la cámara que comanda Gabriela Michetti confiaron a Ámbito Financiero que el objetivo inicial ya fue triplicado, con 200 personas que se acoplaron al sistema que finalizará a fines del corriente mes, pero que incluye cláusula para ser prorrogado.
La iniciativa, que fue adelantada por este diario el 13 de julio pasado y que también será aplicada por el líder de la cámara de Diputados y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó, tiene el visto bueno de los sindicatos, con APL -manejada por el polémico Norberto Di Próspero- a la cabeza.
En la normativa se señala que las «máximas autoridades administrativas de cada uno de los sectores» tendrán «la atribución de acordar el retiro o rechazar la solicitud de adhesión cuando existan razones presupuestarias, de servicio o causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal temperamento».
Quien ingrese en el plan obtendrá una suma «no remunerativa equivalente a la remuneración bruta mensual normal, habitual y permanente más un adicional del 10% que el agente percibirá por un plazo de hasta 60 meses». En tanto, «para la determinación del beneficio deberá deducirse de la remuneración bruta de referencia los descuentos por la cobertura de la Dirección de Ayuda Social, seguro de vida y las cuotas sindicales, de corresponder».
En el texto además se deja en claro que «no se computarán los rubros de pago extraordinario, horas extra, gastos de movilidad, viáticos, gastos de comida, asignaciones familiares, sueldo anual complementario ni cualquier otro concepto cuyo pago no reúna los requisitos de periodicidad mensual, normal, habitual y permanente antes señalado».
Cuando se dio finalmente a conocer el plan de retiros voluntarios, al menos una decena de trabajadores del Congreso aseguraron a este diario que «una parte importante de los sueldos no se conforma sólo con el haber bruto sino gracias a complementos como capacitación y dedicación funcional, antigüedad, etcétera, que terminan formando el 20%, 30% o hasta el 40% extra del haber», y temieron sobre la desactivación de esos ingresos. Desde el Senado replicaron con un simulador para evitar complicaciones.
Por otra parte, en el articulado de la normativa aparece mencionado un «Fondo Compensador Complementario» que, en realidad, debe ser sancionado como un proyecto de ley. La iniciativa fue presentada a mitad de 2017 por Michetti, Monzó y Di Próspero viró hacia la clandestinidad.
La cuestionada ley tiene como finalidad «otorgar una prestación complementaria al beneficio previsional que perciban» los trabajadores de planta permanente, como también «un beneficio compensatorio en casos de pensión por invalidez, pensión por fallecimiento de jubilado o inválido y pensión por fallecimiento de empleado activo». Para ello, la succión de aportes de empleados será del 2% mensual para quienes tengan hasta 40 años), 3% (40 y 50 años), 4% (50 a 60 años) y 4,5% (60 a 65 años).
A poco de haberse iniciado el plan de retiros voluntarios, hubo un caso que se viralizó: fue el de Adriana Romero, empleada en el Congreso desde 1984, quien repartió un ramillete de cuestionamientos hacia Di Próspero y también hacia la senadora ultrakirchnerista Liliana Fellner (Jujuy), quien finalizó su mandato el 10 de diciembre pasado.
Romero envió una carta a las autoridades del Senado que luego publicó en redes sociales. En la misiva, manifestó que se sumó al plan de retiros voluntarios «con dolor y resignación por no haber logrado que se respetara» su «derecho a concursar un cargo como lo establece la ley 24.600», es decir, las reglas básicas que establece el «Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso».
«Amé mi trabajo desde el primer día -en febrero de 1984- y me despido con la tranquilidad de haber hecho el bien desde las distintas funciones que desempeñé. Pero hubiera querido que (…) me respondieran alguno de los tantos mails y cartas que mandé pidiendo concursar el cargo que tuve que dejar (Secretaria de la Comisión de Turismo) acosada por Fellner, quien me maltrataba en público y que resintió mi salud al punto de preferir renunciar y empezar un peregrinar por despachos de legisladores, que me permitieron trabajar en sus equipos», aseguró la empleada.
Según Romero, «de nada sirven la certificaciones de calidad, las distinciones, los pomposos actos en el Salón Azul, las capacitaciones, y tanto gasto en imagen y en redes sociales si no se consagra la igualdad de oportunidades para el ingreso al empleo público, los concursos para cargos técnicos y la carrera administrativa».
