Tras la reanudación del cuarto intermedio, los legisladores devolvieron a comisión el proyecto que avala el aporte de empresas. A las pocas horas se armó un plenario y la reaparición de los gremios distanció al PJ de Cambiemos, que definirá la trifulca con dictámenes distintos en el recinto.
El primer problema aparece en el quinto artículo del borrador de dictamen que trabajaron oficialismo y oposición, que prohíbe las “contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales”. El peronismo dijo que propondrá la eliminación de ese inciso -el H- para que gremios puedan hacer contribuciones y se diferenciará de Cambiemos. El kirchnerismo estuvo ausente aunque la rionegrina Magdalena Odarda -ex Coalición Cívica y actual candidata a vicegobernadora del cristinista Martín Soria- adelantó un despacho de minoría -sería un tercer texto- y habló, en sintonía con el bloque del FpV, del financiamiento público en su totalidad, sin aportes de empresas.
La delicada situación en el recinto se dará por la necesidad que tendrá una eventual votación en particular del proyecto, ya que al tratarse de material electoral se deberá contar con mayoría especial, es decir 37 adhesiones. Por lo tanto, en ese artículo, el kirchnerismo y bloques menores definirán a favor o en contra del aporte de los sindicatos, un pedido que reflotó en las últimas semanas el gremialista petrolero Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) y que ahora defiende a rajatabla el peronismo.
El segundo problema es que este tema no fue acordado en profundidad con Diputados en diciembre pasado, cuando se realizaron reuniones con el Senado para apurar el proyecto ante una convocatoria a sesiones extraordinarias que nunca ocurrió. Ante este panorama, será clave la sentencia que dé la legisladora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien aceptó aprobar en general la iniciativa pero no los aportes de empresas, que ahora buscan fijarlos con un límite del dos por ciento tanto para ellas como para las personas físicas.
Lo peor que deja el trajín de este proyecto, más allá de lo que ocurra en el Senado y luego en Diputados -si es que llega la iniciativa, y con una Cámara baja en tremenda acefalía de gestión política-, es la aparición constante de trabas para una ley que en realidad necesita más la oposición que el oficialismo -tiene los “fierros” del Estado-, en medio del avance de la megacausa de los “cuadernos-coimas”. El círculo íntimo del Presidente no reacciona y los únicos bomberos que cierran incendios en el Congreso -a veces, ya es muy tarde- aparecen únicamente desde el Ministerio del Interior. Del lado antimacrista, la bronca que subyace es la posibilidad de darle a Casa Rosada una ley de mayor transparencia como logro de la actual gestión, que aún surfea la salida de la crisis cambiaria del año pasado con sus dañinos derivados inflacionarios y aumento de pobreza.
Como si fuera poco, apareció en el Senado una propuesta más del misionero Maurice Closs -vía Magdalena Solari Quintana- para que “el juez federal con competencia electoral correspondiente” ordene “la inmediata publicación de la lista de los 20 aportantes más relevantes” de cada uno de los candidatos en cada distrito “a través de los servicios de comunicación audiovisual”. Además, se deberá incluir la “lista de los aportantes de cada uno de los candidatos en cada distrito ordenados por monto”, y que la “información se divulgará los siete días previos a la fecha fijada para la realización” de la elección.
El 4 de febrero pasado, Ámbito Financiero contó, ante el horizonte complicado de la ley en cuestión, que en las esferas más altas de Casa Rosada circuló, como última opción, obviar el debate en el Congreso y al menos gatillar un delicado decreto reglamentario para bancarizar aportes, planteo que apareció también en la bandeja de varias organizaciones civiles consultadas por el Gobierno. En la actualidad, el dinero “en negro” manda a la hora de las campañas políticas -así como en muchas otras áreas en las que no se mueven oficialismo y oposición-, situación que deriva en balances no aprobados o graves denuncias, como la que se dio contra Cambiemos en la provincia de Buenos Aires tras las elecciones de 2017.
Tras la reanudación del cuarto intermedio, los legisladores devolvieron a comisión el proyecto que avala el aporte de empresas. A las pocas horas se armó un plenario y la reaparición de los gremios distanció al PJ de Cambiemos, que definirá la trifulca con dictámenes distintos en el recinto.
El primer problema aparece en el quinto artículo del borrador de dictamen que trabajaron oficialismo y oposición, que prohíbe las “contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales”. El peronismo dijo que propondrá la eliminación de ese inciso -el H- para que gremios puedan hacer contribuciones y se diferenciará de Cambiemos. El kirchnerismo estuvo ausente aunque la rionegrina Magdalena Odarda -ex Coalición Cívica y actual candidata a vicegobernadora del cristinista Martín Soria- adelantó un despacho de minoría -sería un tercer texto- y habló, en sintonía con el bloque del FpV, del financiamiento público en su totalidad, sin aportes de empresas.
La delicada situación en el recinto se dará por la necesidad que tendrá una eventual votación en particular del proyecto, ya que al tratarse de material electoral se deberá contar con mayoría especial, es decir 37 adhesiones. Por lo tanto, en ese artículo, el kirchnerismo y bloques menores definirán a favor o en contra del aporte de los sindicatos, un pedido que reflotó en las últimas semanas el gremialista petrolero Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) y que ahora defiende a rajatabla el peronismo.
El segundo problema es que este tema no fue acordado en profundidad con Diputados en diciembre pasado, cuando se realizaron reuniones con el Senado para apurar el proyecto ante una convocatoria a sesiones extraordinarias que nunca ocurrió. Ante este panorama, será clave la sentencia que dé la legisladora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien aceptó aprobar en general la iniciativa pero no los aportes de empresas, que ahora buscan fijarlos con un límite del dos por ciento tanto para ellas como para las personas físicas.
Lo peor que deja el trajín de este proyecto, más allá de lo que ocurra en el Senado y luego en Diputados -si es que llega la iniciativa, y con una Cámara baja en tremenda acefalía de gestión política-, es la aparición constante de trabas para una ley que en realidad necesita más la oposición que el oficialismo -tiene los “fierros” del Estado-, en medio del avance de la megacausa de los “cuadernos-coimas”. El círculo íntimo del Presidente no reacciona y los únicos bomberos que cierran incendios en el Congreso -a veces, ya es muy tarde- aparecen únicamente desde el Ministerio del Interior. Del lado antimacrista, la bronca que subyace es la posibilidad de darle a Casa Rosada una ley de mayor transparencia como logro de la actual gestión, que aún surfea la salida de la crisis cambiaria del año pasado con sus dañinos derivados inflacionarios y aumento de pobreza.
Como si fuera poco, apareció en el Senado una propuesta más del misionero Maurice Closs -vía Magdalena Solari Quintana- para que “el juez federal con competencia electoral correspondiente” ordene “la inmediata publicación de la lista de los 20 aportantes más relevantes” de cada uno de los candidatos en cada distrito “a través de los servicios de comunicación audiovisual”. Además, se deberá incluir la “lista de los aportantes de cada uno de los candidatos en cada distrito ordenados por monto”, y que la “información se divulgará los siete días previos a la fecha fijada para la realización” de la elección.
El 4 de febrero pasado, Ámbito Financiero contó, ante el horizonte complicado de la ley en cuestión, que en las esferas más altas de Casa Rosada circuló, como última opción, obviar el debate en el Congreso y al menos gatillar un delicado decreto reglamentario para bancarizar aportes, planteo que apareció también en la bandeja de varias organizaciones civiles consultadas por el Gobierno. En la actualidad, el dinero “en negro” manda a la hora de las campañas políticas -así como en muchas otras áreas en las que no se mueven oficialismo y oposición-, situación que deriva en balances no aprobados o graves denuncias, como la que se dio contra Cambiemos en la provincia de Buenos Aires tras las elecciones de 2017.
