El Senado dio media sanción este martes en general, con 48 votos a favor y 2 abstenciones, al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que autoriza a las empresas a realizar aportes de campaña y giró la iniciativa a Diputados que ahora deberá aprobarla con celeridad para que pueda aplicarse en las próximas elecciones.
El peronismo no logró alcanzar la mayoría especial -obtuvo 25 votos positivos, 23 negativos y una abstención. Ante esta situación, el jefe de la bancada justicialista, Miguel Ángel Pichetto -como había anticipado durante el debate- anunció que su espacio iba a acompañar la votación del dictamen del oficialismo con el objetivo de lograr la media sanción: «Frente a la importancia que tiene la ley, vamos a votar positivamente el artículo de la minoría”, sostuvo.
Finalmente, los sindicatos quedaron excluidos con 42 votos afirmativos y 7 negativos (Daniel Lovera, José Mayans, José «Nato» Ojeda, Mario Pais, Beatriz Mirkin, Fernando Solanas y Magdalena Odarda). El Frente para la Victoria, en tanto, estuvo ausente en ambas votaciones, al igual que Carlos Menem.
El proyecto que consiguió media sanción especifica que del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad en medios online, al menos un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido nacionales, y al menos otro 25% a sitios provinciales.
Las posiciones
El debate comenzó pasadas las 16, luego de una ronda de cuestiones de privilegio y de la media sanción a la prórroga de la Emergencia Económica para peras y manzanas.
El primero en tomar la palabra fue el justicialista y miembro informante, Dalmacio Mera, quien sostuvo: «El texto que hemos logrado es un texto importante, que mejora, que da más control». «Siempre va a haber plata para las elecciones, tenemos que sacar esta ley para cerrarle la puerta a la plata negra que viene del narcotráfico y lavado de dinero», agregó.
«Entendemos que hay que habilitar la posibilidad de los sindicatos de hacer aportes. Entendemos que deben aportar, primero porque en las legislaciones comparadas donde aportan las empresas, aportan los sindicatos. No hay elementos ni en la legislación internacional, ni en nuestra constitución que nos impidan permitirle los aportes a los sindicatos. Espero que el oficialismo revea su postura porque realmente dejan una cancha inclinada», indicó el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por su parte, la senadora María Magdalena Odarda, del Bloque Río – Frente Progresista, autora de un dictamen de minoría que no avalaba los aportes privados, afirmó: «Este proyecto de ley tiene una obligación con la soberanía del país. Acá estamos hablando de la privatización de la política. Nosotros siempre decimos dime quién te financia… El financiamiento no es algo menor. Nosotros no vamos a ser cómplices, porque le estamos abriendo las puertas al poder económico para que se meta en la soberanía del país».
«La democracia la tiene que financiar el sector público. Ni ‘Pino’ Solanas, ni yo vamos a financiar la cooptación del poder público por el privado tenemos que ir a un sistema meramente público. Presento dictamen para rechazar el proyecto», opinó.
A su turno, el radical y exvicepresidente de la Nación, Julio Cobos, aseveró: «Este tema que hoy estamos tratando persigue mayor transparencia e impone penalidades». «Buscamos asegurar un margen de la participación privada en la vida política y acá surge el primer tope del 2% y también le ponemos un límite a las donaciones para que no sean anónimas y no vengan aportes de países extranjeros», dijo y explicó que se regula también el pago en especies y se disminuye el espacio publicitario cedido a la programación en campaña del 10% al 5%».
Carlos Caserio, del Bloque Justicialista, celebró el tratamiento de la ley: «Lo peor que nos podía pasar era no tratarla. Mientras que Juan Mario Pais, del bloque Justicialista Chubut, expresó: «Lo que venimos a trabajar en el marco de esta ley es una mayor trazabilidad de los fondos. Hay un tema que tenemos que debatir que es de los sindicatos. Yo creo que si no los tenemos en cuenta estamos haciendo una discriminación. No puede ser que se bregue por permitir los aportes a quienes persiguen fines de lucro y no a quienes persiguen mejores condiciones laborales para los trabajadores».
«Hemos avanzado para que los aportes no provengan del narcotráfico y el lavado de dinero. Pero hay cuestiones complicadas con el tema de los sindicatos. Acá en nuestro país se han demostrado severos temas de transparencia. Siempre nos queda eso de más vale prevenir que curar. Tener todas las prevenciones no es malo. Esta ley es un gran avance, aunque ya hemos dicho que no hemos saldado todas las deudas con el financiamiento y la política», indicó Oscar Aníbal Castillo, del Frente Cívico y Social de Catamarca.
Ángel Rozas, de la UCR, valoró la importancia del artículo que regula la publicidad en medios digitales: «Me voy a referir al artículo sobre la publicidad en sitios periodísticos nacionales y provinciales. Esta iniciativa es excelente porque los medios digitales generan trabajo acá en Argentina, en cambio Google y Facebook, no».
También se sumó al debate sobre los sindicatos al sostener que «no hay que confundir al sindicalista que conduce ese sindicato con la masa del sindicato». «¿Por qué vamos a permitir que alguien que esté circunstancialmente a la cabeza de ese sindicato decida con la plata de todos?», se cuestionó.
Desde el bloque Justicialista 8 de Octubre, Juan Carlos Romero, afirmó: «La política se hizo costosa, no vamos a caer en la nostalgia de las campañas de tiza y papel». Detalló que los aportes de los contratistas, de los que cobran del Estado, está expresamente prohibido y añadió: «El tema de las organizaciones gremiales es que no se puede uniformar a todos los afiliados y otra cuestión es que también recibe fondos públicos. Entonces, saquemos ese tironeo de la ley»
En tanto, Miguel Ángel Pichetto, del Bloque Justicialista, consideró que «quizá no es la mejor ley pero es el comienzo de un sistema que tiene que tener claridad que tiene que estar bancarizado, que tiene que tener reglas claras para los empresarios si no van a terminar todos en la causa cuadernos».
«A mí me gustaría que estuvieran los sindicatos. Pero, la verdad es que por experiencia los sindicatos no ponen un peso en las campañas. A veces ayudan con logística, con afiches, pero nada más. Nuestro bloque igual, va a sostener esta posición, pero si no logramos los 37 votos, encontremos una salida para que haya ley», adelantó.
«El éxito es que tengamos la ley y que Diputados pueda tratarla rápido y los empresarios puedan hacer aportes sin terminar en el frío cemento de Comodoro Py», dijo y agregó: «Algunos sostienen la bandera de lo público y yo no sé si el Estado tiene que hacerse cargo de todo. Bastante hace ya con las primarias».
El cierre quedó a cargo del formoseño de Cambiemos, Luis Naidenoff: «Yo creo que estamos dando un gran paso con este ley. Cuando el ciudadano tiene conocimiento de manera pública sobre quiénes son las empresas que aportan a un frente electoral se reduce el margen del propio lobby a la hora de implementar una política pública».
El Proyecto
La iniciativa modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y, entre sus puntos principales, plantea un sistema mixto en el cual los aportes a las campañas electorales podrán provenir tanto del ámbito público, como del privado.
Las empresas con esta iniciativa podrán realizar aportes de campaña por hasta el 2% del total de gastos autorizados.
Además, establece la bancarización y trazabilidad de los aportes, que podrán efectuarse a través de giro o transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito y aplicaciones digitales.
También modifica la lista de prohibiciones, al establecer que no podrán realizar aportes los contratistas de servicios y obra pública y las personas «imputadas en un proceso penal», quienes no están incluidos en el listado de la ley actual.
El proyecto reduce del 10 al 5% el tiempo que radios y canales de televisión pueden destinar a transmitir propaganda electoral. En tanto, a partir de 2020 sólo el 2,5% será gratuito, mientras que el resto será considerado «pago a cuenta de impuestos nacionales».
Para el destino de la inversión en publicidad digital se fijó que del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital, al menos un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional y al menos otro 25% a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción provincial, siguiendo un criterio similar al de la coparticipación federal.
El Senado dio media sanción este martes en general, con 48 votos a favor y 2 abstenciones, al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que autoriza a las empresas a realizar aportes de campaña y giró la iniciativa a Diputados que ahora deberá aprobarla con celeridad para que pueda aplicarse en las próximas elecciones.
El peronismo no logró alcanzar la mayoría especial -obtuvo 25 votos positivos, 23 negativos y una abstención. Ante esta situación, el jefe de la bancada justicialista, Miguel Ángel Pichetto -como había anticipado durante el debate- anunció que su espacio iba a acompañar la votación del dictamen del oficialismo con el objetivo de lograr la media sanción: «Frente a la importancia que tiene la ley, vamos a votar positivamente el artículo de la minoría”, sostuvo.
Finalmente, los sindicatos quedaron excluidos con 42 votos afirmativos y 7 negativos (Daniel Lovera, José Mayans, José «Nato» Ojeda, Mario Pais, Beatriz Mirkin, Fernando Solanas y Magdalena Odarda). El Frente para la Victoria, en tanto, estuvo ausente en ambas votaciones, al igual que Carlos Menem.
El proyecto que consiguió media sanción especifica que del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad en medios online, al menos un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido nacionales, y al menos otro 25% a sitios provinciales.
Las posiciones
El debate comenzó pasadas las 16, luego de una ronda de cuestiones de privilegio y de la media sanción a la prórroga de la Emergencia Económica para peras y manzanas.
El primero en tomar la palabra fue el justicialista y miembro informante, Dalmacio Mera, quien sostuvo: «El texto que hemos logrado es un texto importante, que mejora, que da más control». «Siempre va a haber plata para las elecciones, tenemos que sacar esta ley para cerrarle la puerta a la plata negra que viene del narcotráfico y lavado de dinero», agregó.
«Entendemos que hay que habilitar la posibilidad de los sindicatos de hacer aportes. Entendemos que deben aportar, primero porque en las legislaciones comparadas donde aportan las empresas, aportan los sindicatos. No hay elementos ni en la legislación internacional, ni en nuestra constitución que nos impidan permitirle los aportes a los sindicatos. Espero que el oficialismo revea su postura porque realmente dejan una cancha inclinada», indicó el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por su parte, la senadora María Magdalena Odarda, del Bloque Río – Frente Progresista, autora de un dictamen de minoría que no avalaba los aportes privados, afirmó: «Este proyecto de ley tiene una obligación con la soberanía del país. Acá estamos hablando de la privatización de la política. Nosotros siempre decimos dime quién te financia… El financiamiento no es algo menor. Nosotros no vamos a ser cómplices, porque le estamos abriendo las puertas al poder económico para que se meta en la soberanía del país».
«La democracia la tiene que financiar el sector público. Ni ‘Pino’ Solanas, ni yo vamos a financiar la cooptación del poder público por el privado tenemos que ir a un sistema meramente público. Presento dictamen para rechazar el proyecto», opinó.
A su turno, el radical y exvicepresidente de la Nación, Julio Cobos, aseveró: «Este tema que hoy estamos tratando persigue mayor transparencia e impone penalidades». «Buscamos asegurar un margen de la participación privada en la vida política y acá surge el primer tope del 2% y también le ponemos un límite a las donaciones para que no sean anónimas y no vengan aportes de países extranjeros», dijo y explicó que se regula también el pago en especies y se disminuye el espacio publicitario cedido a la programación en campaña del 10% al 5%».
Carlos Caserio, del Bloque Justicialista, celebró el tratamiento de la ley: «Lo peor que nos podía pasar era no tratarla. Mientras que Juan Mario Pais, del bloque Justicialista Chubut, expresó: «Lo que venimos a trabajar en el marco de esta ley es una mayor trazabilidad de los fondos. Hay un tema que tenemos que debatir que es de los sindicatos. Yo creo que si no los tenemos en cuenta estamos haciendo una discriminación. No puede ser que se bregue por permitir los aportes a quienes persiguen fines de lucro y no a quienes persiguen mejores condiciones laborales para los trabajadores».
«Hemos avanzado para que los aportes no provengan del narcotráfico y el lavado de dinero. Pero hay cuestiones complicadas con el tema de los sindicatos. Acá en nuestro país se han demostrado severos temas de transparencia. Siempre nos queda eso de más vale prevenir que curar. Tener todas las prevenciones no es malo. Esta ley es un gran avance, aunque ya hemos dicho que no hemos saldado todas las deudas con el financiamiento y la política», indicó Oscar Aníbal Castillo, del Frente Cívico y Social de Catamarca.
Ángel Rozas, de la UCR, valoró la importancia del artículo que regula la publicidad en medios digitales: «Me voy a referir al artículo sobre la publicidad en sitios periodísticos nacionales y provinciales. Esta iniciativa es excelente porque los medios digitales generan trabajo acá en Argentina, en cambio Google y Facebook, no».
También se sumó al debate sobre los sindicatos al sostener que «no hay que confundir al sindicalista que conduce ese sindicato con la masa del sindicato». «¿Por qué vamos a permitir que alguien que esté circunstancialmente a la cabeza de ese sindicato decida con la plata de todos?», se cuestionó.
Desde el bloque Justicialista 8 de Octubre, Juan Carlos Romero, afirmó: «La política se hizo costosa, no vamos a caer en la nostalgia de las campañas de tiza y papel». Detalló que los aportes de los contratistas, de los que cobran del Estado, está expresamente prohibido y añadió: «El tema de las organizaciones gremiales es que no se puede uniformar a todos los afiliados y otra cuestión es que también recibe fondos públicos. Entonces, saquemos ese tironeo de la ley»
En tanto, Miguel Ángel Pichetto, del Bloque Justicialista, consideró que «quizá no es la mejor ley pero es el comienzo de un sistema que tiene que tener claridad que tiene que estar bancarizado, que tiene que tener reglas claras para los empresarios si no van a terminar todos en la causa cuadernos».
«A mí me gustaría que estuvieran los sindicatos. Pero, la verdad es que por experiencia los sindicatos no ponen un peso en las campañas. A veces ayudan con logística, con afiches, pero nada más. Nuestro bloque igual, va a sostener esta posición, pero si no logramos los 37 votos, encontremos una salida para que haya ley», adelantó.
«El éxito es que tengamos la ley y que Diputados pueda tratarla rápido y los empresarios puedan hacer aportes sin terminar en el frío cemento de Comodoro Py», dijo y agregó: «Algunos sostienen la bandera de lo público y yo no sé si el Estado tiene que hacerse cargo de todo. Bastante hace ya con las primarias».
El cierre quedó a cargo del formoseño de Cambiemos, Luis Naidenoff: «Yo creo que estamos dando un gran paso con este ley. Cuando el ciudadano tiene conocimiento de manera pública sobre quiénes son las empresas que aportan a un frente electoral se reduce el margen del propio lobby a la hora de implementar una política pública».
El Proyecto
La iniciativa modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y, entre sus puntos principales, plantea un sistema mixto en el cual los aportes a las campañas electorales podrán provenir tanto del ámbito público, como del privado.
Las empresas con esta iniciativa podrán realizar aportes de campaña por hasta el 2% del total de gastos autorizados.
Además, establece la bancarización y trazabilidad de los aportes, que podrán efectuarse a través de giro o transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito y aplicaciones digitales.
También modifica la lista de prohibiciones, al establecer que no podrán realizar aportes los contratistas de servicios y obra pública y las personas «imputadas en un proceso penal», quienes no están incluidos en el listado de la ley actual.
El proyecto reduce del 10 al 5% el tiempo que radios y canales de televisión pueden destinar a transmitir propaganda electoral. En tanto, a partir de 2020 sólo el 2,5% será gratuito, mientras que el resto será considerado «pago a cuenta de impuestos nacionales».
Para el destino de la inversión en publicidad digital se fijó que del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital, al menos un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional y al menos otro 25% a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción provincial, siguiendo un criterio similar al de la coparticipación federal.
