El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aclaró que el acuerdo por el bono de $ 5.000 excluye a los empleados estatales y anticipó que evalúan la «obligatoriedad» del pago a diferencia de lo revelado en las últimas horas que planteaba un extra «voluntario» y agregó la posibilidad de abrir una línea de financiamiento con bancos para ayudar a las empresas que no pueden pagarlo.
«Tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y lo sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio sería para el sector privado, hasta que el público no cierre sus paritarias», subrayó el funcionario en diálogo con radio Continental. En un principio trascendió que los trabajadores del Estado también recibirían el extra de fin de año, pero se aclaró que UPCN todavía tiene una cláusula de revisión para ejecutar en la paritaria y otro bono para cobrar antes del cierre de 2018.
Además, informó que el plus está destinado para los trabajadores que cerraron paritarias por debajo de la inflación anual estimada en 40%, y que ya no pueden activar clásulas de revisión o que no tienen pendientes cuotas de incrementos salariales ya acordados con anterioridad. Si ya firmaron nuevos ajustes salariales para los próximos meses por cláusulas de revisión, los empresarios podrían pagar el bono a cuenta de futuros aumentos.
Sica confirmó que la medida se oficializará por decreto tal como solicitó la CGT, aunque admitió que todavía no está escrito y que las condiciones pueden variar. «Estamos terminando de redactar el texto», sostuvo.
La idea es abonar dos bonos de $ 2.500 antes y después del medio aguinaldo de diciembre, es decir en noviembre y enero próximos, como paliativo ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores tras las subas de precios luego de la devaluación del peso. «El último acuerdo no lo cumplieron, queremos un decreto», sintetizó el líder cegetista Héctor Daer, anfitrión del cónclave con Sica, la UIA y la CAC en la sede de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).
«Los gremios planteaban que podía haber algún tipo de flexibilidad. Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si hay algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar», remarcó al deslizar la posibilidad de asistir a los empresarios que no pueden afrontar un desembolso de esta magnitud, en medio de la crisis, el parate del consumo y la altísima presión impositiva.
En la charla radial, el ministro dio otras precisiones. «Estamos planteando que sea obligatorio para todos los sectores privados. La idea de esta mesa es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando la recaudación con el no remunerativo. Pusimos el límite de $ 5.000 como no remunerativo. Las empresas que pueden pagar más, eso ya sería remunerativo», subrayó.
Desde el sector empresario mostraron buena predisposición, pero tiene sus reparos. El Gobierno sugirió que se negocie sector por sector.
Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción, dijo que la reunión «fue muy buena reunión» y celebró el avance en la negociación para «ver la posibilidad de un bono que recomponga parcialmente el salario de los trabajadores».
La CAME advirtió que «no todos los sectores» pueden afrontar el bono. «Para los pequeños comercios y medianos comercios es inalcanzable», enfatizó la entidad.
La Unión Industrial Argentina señaló «se destacó la relevancia mantener el poder adquisitivo para sostener el mercado interno aunque se planteó que muchos sectores de las PyMEs industriales y economías regionales están atravesando un momento sumamente complejo», abriendo el paraguas en el sentido de que no todos los sectores podrán hacer frente a este bono.
