La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, defendió en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que promueve el Gobierno para urbanizar villas en todo el país, y destacó que la iniciativa apunta a «saldar una deuda histórica» con las familias que viven en asentamientos populares.
La norma propuesta, que lleva la firma de los jefes de bloque Mario Negri (UCR), Nicolás Massot(PRO) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), establece un «Régimen de integración socio urbana y regularización dominial», y declara la «utilidad pública» y sujeto a expropiación de las tierras donde se localizan 4.228 asentamientos urbanos precarios con el objetivo de urbanizar y entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar.
«Vamos a coincidir todos si hablamos de una deuda histórica con cada una de las personas y familias que hoy vive en barrios populares en villas y asentamientos, no sólo por la falta de servicios sino también por la falta de posibilidad de acceder a lo que tiene que ver con la escritura, titularidad o certificación de los terrenos o las casas donde viven», dijo la ministra al comenzar su intervención durante la reunión informativa de las comisiones Asuntos Constitucionales; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Legislación General; y Presupuesto y Hacienda.
La cantidad de asentamientos a urbanizar surge de un relevamiento realizado desde mediados del 2016 por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que funciona en la órbita de la cartera que dirige Stanley.
De dicho relevamiento surge que las 4.228 villas repartidas en todo el país, en la que viven 3.5 millones de personas, cubren una superficie de 415,5 kilómetros cuadrados, es decir, más del doble del área de la Ciudad de Buenos Aires.
Stanley detalló que en el 68 por ciento de los barrios populares viven menos de 150 familias, y que el 55 por ciento de ellas residen allí desde antes del año 2000.
Al dar cuenta de las apremiantes condiciones en las que viven, precisó que casi el 99 por ciento no cuenta con acceso a la red cloacal, casi el 94 por ciento carece de red de agua corriente, mientras que el 70,5 por ciento no tiene energía eléctrica.
También puntualizó que a partir del censo realizado se logró determinar que el 40 por ciento de los habitantes de villas es menor de 29 años, lo cual habla de una «población muy joven».
Presente en la sesión informativa estuvo, además, el director de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, que hizo hincapié en la importancia de haber otorgado los Certificados de Vivienda Familiar a los habitantes de los barrios, dado que hay familias que «vienen esperando 20, 30 años sin ningún papel, y a veces con el riesgo de sufrir presiones para retirarse de esa vivienda».
A la hora de las preguntas, la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti manifestó su inquietud respecto de la solvencia económica del plan de urbanización: «No sabemos cómo viene el próximo presupuesto, que seguramente va a ser con las exigencias de ajuste del FMI».
Stanley respondió que «el presupuesto se va armar consensuado» y que será uno que «muestre un compromiso social» como en el de este año, en el que «la inversión social es del 76 por ciento».
Sin embargo, reconoció que la urbanización de villas no es un proceso que se va a culminar «en uno, ni en dos ni en tres años», sino que «va a llevar mucho tiempo».
El proyecto designa a la Agencia de Administración de Bienes del Estado como sujeto expropiante, la cual deberá individualizar «los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el RENABAP» y «promover el avenimiento con los titulares de registro de los bienes inmuebles sujetos a expropiación».
En cuanto al financiamiento, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso especial para afrontar los gastos de «la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la presente ley».
