El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, amplió la imputación contra una médica del hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad, por la supuesta comisión del delito de aborto sin el consentimiento de la gestante.
El fiscal sostuvo que hay pruebas que indican que la acusada habría llevado adelante el procedimiento sin el consentimiento voluntario de la gestante en tiempo y forma.
Durante la audiencia llevada a cabo ayer martes, la acusada, asistida por su defensa particular, se abstuvo de declarar.
Del decreto de ampliación de la imputación surgió que la acusada habría intervenido en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento.
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante. Según se desprendió de la historia clínica, el procedimiento ocurrió pasado 24 de agosto, cerca de las 15.
El fiscal sostuvo que distintos elementos aportados como prueba indican que la acusada habría llevado adelante el procedimiento sin el consentimiento voluntario de la gestante en tiempo y forma.
Pañuelazo verde
Antes de la noticia de la ampliación de la imputación a Miranda Ruiz, organizaciones a favor del aborto legal realizaron un pañuelazo en la Ciudad Judicial de Salta y de Tartagal, para apoyar a la médica.
En medio de un día agitado por las movilizaciones y marchas, en la Ciudad Judicial de Salta y Tartagal se vivieron ayer dos convocatorias que van en paralelo. Una es la médica residente del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, quien practicó un aborto luego cuestionado, y la otra es una militante feminista que pidió las listas libres de candidatos que tengan causas por violencia de género.
Ambas tienen causas judiciales abiertas.
Es por eso que las organizaciones feministas y de DDHH se congregaron en la mañana de ayer para reclamar por la judicialización en contra de las jóvenes activistas y en apoyo a su accionar frente a los aparatos judiciales.
Participaron militantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Las Rojas, la Red de Profesionales por la Salud, la Red de Docentes por los Derechos de las Mujeres, Juntas a la Izquierda, Red Par, Miles FPV, Frente Grande, Frente Social Patria Nueva, entre otras organizaciones.
«La ley 27610 de interrupción legal y voluntaria del embarazo es el resultado de un largo reclamo y debate democrático que resultó en una ley clara que despenaliza y legaliza la práctica del aborto en Argentina. La doctora Miranda Ruiz garantizó un derecho humano de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Exigimos el sobreseimiento de la profesional y que paren con la persecución a los médicos que garantizan nuestros derechos», dijeron las activistas en Salta. «Exigimos ampliar la provisión del servicio en nuestra provincia y superar las obstaculizaciones cotidianas en el acceso», ampliaron.
«Desde Tartagal estamos de pie en la defensa de nuestros derechos y acompañamos a nuestra compañera, quien garantiza derechos y promueve la medicina social con perspectiva de género en territorios históricamente despojados», dijeron desde el norte provincial.
