La nena de ocho años, llamada Dulce en los expedientes, y su madre podrían quedar en la calle el próximo 17 de septiembre por orden de desalojo sobre una vivienda social del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Ese inmueble les fue cedido de manera informal hace años por la propia abuela paterna, quien ahora impulsa el lanzamiento judicial como represalia tras las denuncias por violencia de género y abuso sexual presentadas contra su hijo, el padre de la menor.
La mujer sostiene que pagó puntualmente las cuotas reflejadas en la boleta de luz durante ocho años, pero aun así la acusan de usurpación y jamás recibió una notificación oficial adecuada del IPV.
Madre e hija lograron frenar la ejecución del desalojo gracias a la intervención de la Asesoría de Menores, que advirtió la gravedad de dejar a una niña de esa edad sin techo mientras tramita la causa.
El 10 de septiembre se realizará la audiencia ante la jueza de Familia Inés Villa Nougués, donde se abordarán los reclamos de alimentos y el régimen de comunicación con los abuelos paternos.
La madre denuncia “violencia institucional”: asegura que el juez de la causa falló sin defensa efectiva durante la pandemia y que los defensores públicos no presentaron los recursos de nulidad necesarios. También acusa tráfico de influencias y vínculos entre su entorno y el poder político local, lo que habría obstaculizado el reconocimiento de su derecho habitacional.
En 2023, el progenitor fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual contra la niña y su madre, aunque luego fue absuelto en la instancia superior por el delito contra Dulce, lo que la familia interpreta como otra muestra de indiferencia del sistema.
En la audiencia próxima, la mujer pedirá que la casa sea considerada parte de pago de la cuota alimentaria para garantizar el derecho a la vivienda de Dulce y evitar que queden nuevamente desamparadas.
📝 Redacción Diario Inclusión
