La secretaria general de la ADP inició una campaña de mentiras en perjuicio porque no tiene cómo justificar las ostentosas refacciones de una casa del IPV que ella misma se autoadjudicó.
La secretaria general de la Asociación Docente Provincial, Patricia Argañaraz, sigue envuelta en un escándalo que ella misma desató cuando reconoció abiertamente que se entregó a sí misma una casa del Instituto Provincial de la Vivienda, valiéndose de un convenio de los gremios decentes con el organismo, porque estaba inscripta y no había tenido la suerte de beneficiarse como cualquier otra persona.
El IPV realizó inspecciones en la vivienda y, por un decreto del gobernador, Juan Manuel Urtubey, que limita las refacciones de viviendas del estado, podría ser sancionada con la cancelación de la totalidad de la casa, ya que estaría demostrado que no requería una solución del estado si pudo encarar ostentosas refacciones en la vivienda de la zona norte de la capital salteña.
Como si le faltasen problemas a Patricia Argañaraz, la Municipalidad la infraccionó por no contar con planos ni documentaciones habilitantes para realizar las refacciones y, según las ordenanzas vigentes, el Tribunal de Faltas podría imponerle una multa de más de $60.000.
En tanto, la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos abrió una investigación por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, ya que no podría justificar el aumento patrimonial que ostenta desde que saltó a dirigente gremial.
Los cuestionamientos son todos justificados en el desarrollo de su actividad y en las inconsistencias que demuestra en el corto plazo que comanda la ADP. Aunque ella entienda que se apunta contra la estética, las denuncias se apuntalan en estricta documentación que ameritan una rápida intervención judicial.
