En una sesión marcada por intensos debates y fuertes cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, la Cámara de Diputados de Salta otorgó media sanción al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo provincial para la regularización dominial de más de 110 familias que desde hace décadas —algunas desde 1920— habitan y producen en las tierras de Salta Forestal.
La iniciativa también habilita al gobierno a renegociar las concesiones que actualmente mantienen las empresas Cresud y Anta del Plata, con el objetivo de recuperar 160 mil hectáreas que, según se denunció, permanecen improductivas pese a las obligaciones contractuales vigentes.
Durante la sesión, la legisladora oficialista Socorro Villamayor remarcó que el proyecto busca brindar seguridad jurídica a los puesteros, en muchos casos productores ganaderos de pequeña escala que históricamente vivieron en un estado de incertidumbre dominial.
Sin embargo, el tratamiento de la ley no estuvo exento de polémicas. Cuatro diputados libertarios optaron por abstenerse, en un gesto que varios interpretaron como una maniobra para evitar votar un tema que involucra de manera directa a la familia Olmedo, beneficiaria de concesiones otorgadas en los años 90 bajo el gobierno de Juan Carlos Romero.
A lo largo del debate, distintas voces de la oposición, como la del diputado José Gauffín, expresaron preocupación por la falta de información pública y por el rol poco claro del directorio de Salta Forestal, que no participó en las rondas de consulta. También se mencionaron los reparos planteados por algunos puesteros que temen ser trasladados a zonas sin servicios básicos, como el paraje La Bomba.
Además de establecer los requisitos para la adjudicación de tierras, la norma fija condiciones restrictivas para la venta o cesión de los lotes por un período de 20 años, para evitar especulaciones inmobiliarias.
En relación a las concesiones privadas, el proyecto habilita la renegociación de los contratos con las dos empresas que actualmente operan en el área, pero que, según denuncias oficiales, solo explotan una mínima parte de las hectáreas otorgadas.
La iniciativa ahora pasó al Senado, donde continuará el debate. Legisladores de distintos bloques coincidieron en que será clave incorporar mayores mecanismos de control y transparencia para garantizar que este proceso histórico de regularización no vuelva a estar envuelto en cuestionamientos.
