Alberto Castillo, titular de REMSa, expresó que el Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley Bases tiene puntos positivos para la Provincia de Salta y la región.
“El RIGI creo que fue uno de los capítulos más discutidos y con más trascendencia, porque permite que fondos y inversiones tengan la garantía y la seguridad de poder invertir como nunca antes se había dado en el país”, dijo.
La provincia de Río Negro ya realizó su adhesión al régimen, mientras que Jujuy envió el proyecto a la legislatura local. En el caso de Salta, Castillo indicó que Salta está a la espera de la reglamentación por parte de la Nación para realizar el respectivo análisis.
“Entiendo que la provincia por supuesto que va a adherir”, afirmó y agregó: “Por supuesto necesitamos algunas medidas a nivel nacional para que sea 100% operativo, por ejemplo, el cepo”.
En ese sentido, sostuvo que se requiere inmediatamente el levantamiento del cepo para que el RIGI pueda funcionar, un pedido que también realiza el sector industrial y el pyme.
A su vez, destacó que es necesario esperar la reglamentación para determinar diversos aspectos y que los inversores tengan seguridades.
“Va a ser una herramienta muy importante cuando ya esté reglamentada porque va a dar mucha seguridad en inversiones. Yo creo que la economía tanto de la región de la provincia y del país está esperando ese tipo de medidas para lanzarse una vez por toda la inversión. Yo creo que hay mucho interés por los recursos del país”, expresó.
Proyectos a la espera de la reglamentación del RIGI
Consultado sobre proyectos mineros que están a la espera de la oficialización del RIGI para cerrar inversiones en la provincia, indicó que uno de ellos es Taca – Taca. La inversión a realizar estaría cercana a los 4 mil millones de dólares.
Otro proyecto que comentó es uno de explotación de litio y potasio, que ya obtuvo el certificado de impacto ambiental para dar inicio a los trabajos.
Con respecto a la modificación de regalías mineras dentro de la Ley Bases, reiteró que “esperamos la reglamentación”. Las mismas podrían pasar de un 3% a un 5%, pero Castillo afirmó que la decisión está en el gobernador.
Fuente: Nuevo Diario
