La senadora nacional Flavia Royón, que llegó al Congreso con el respaldo político del intendente de Tartagal Hernández Berni, quedó en el centro de una fuerte polémica tras votar a favor del Presupuesto Nacional 2026, una ley que consolida el ajuste del gobierno de Javier Milei y que, según denuncian sectores educativos, dinamita el financiamiento de la educación pública, la ciencia y la formación técnica.
La votación expuso con crudeza un doble discurso: el mismo espacio político que en campaña se mostraba defendiendo la universidad pública y denunciando recortes, terminó acompañando una ley que elimina garantías históricas de inversión educativa y habilita uno de los mayores retrocesos presupuestarios de las últimas décadas.
De la UNSa al Congreso: una promesa que duró lo que un acto de campaña
Durante la campaña electoral, Royón protagonizó actos y discursos en defensa de la educación pública, incluso posando y grabando mensajes dentro de universidades, donde aseguraba que no se podía permitir el ajuste ni el desfinanciamiento del sistema educativo.
Ese compromiso fue reforzado por el intendente Hernández Berni, quien desde Tartagal acompañó políticamente a Royón y se mostró alineado con un discurso de defensa de la educación como herramienta de igualdad y desarrollo.
Sin embargo, “tres doritos después”, como ironizan sectores críticos, ese relato se desmoronó en el recinto del Senado. Royón votó a favor de un presupuesto que elimina los pisos mínimos de inversión educativa y que responde punto por punto a la lógica de la “motosierra” impulsada por Milei.
Un presupuesto que recorta derechos y oportunidades
El Presupuesto 2026 aprobado con el voto de Royón contiene medidas que generaron alarma en el sistema educativo:
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Elimina la obligación legal de destinar el 6% del PBI a educación, dejando el financiamiento librado a la discrecionalidad del Ejecutivo.
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Deroga la progresividad del financiamiento en ciencia y tecnología hasta 2032, afectando directamente a universidades, institutos de investigación y desarrollo científico.
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Recorta un 93% los fondos destinados a escuelas técnicas, quitando el piso mínimo del 0,2% del gasto educativo que garantizaba recursos para la formación técnica y profesional.
Estos puntos fueron duramente cuestionados por estudiantes, docentes y organizaciones educativas, que advierten que el ajuste no es abstracto: se traduce en menos becas, salarios deteriorados, infraestructura abandonada y menos oportunidades para los jóvenes.
El voto salteño que selló el ajuste
Royón no votó sola. Junto a ella, los senadores salteños Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán acompañaron el proyecto, aportando los votos necesarios para la aprobación de artículos clave del presupuesto.
En particular, el artículo 30 —uno de los más controvertidos— fue aprobado con el respaldo de Royón, consolidando la eliminación de los mecanismos de protección presupuestaria para educación y ciencia.
Para los críticos, el alineamiento de los tres senadores expone una decisión política clara: priorizar el ajuste fiscal por sobre la educación pública, aun cuando eso implique traicionar promesas de campaña.
La motosierra debajo del poncho
Desde distintos espacios sociales y políticos se señaló que Royón terminó mostrando su verdadero posicionamiento: alinearse con el oficialismo nacional y con sectores del olmedismo y el saencismo, acompañando un modelo que privilegia el ajuste, la desregulación y el recorte del Estado.
El contenido del PDF difundido en redes sociales fue contundente: denuncia que este presupuesto “pone el último clavo al cajón de la educación pública”, dejando a miles de jóvenes sin oportunidades de formación y condenando al sistema educativo a un deterioro estructural.
“La educación te hace libre”, señala el documento, mientras acusa al ajuste de reproducir desigualdad y exclusión, especialmente en el norte argentino.
Hernández Berni y Royón: coherencia en deuda
El apoyo del intendente Hernández Berni a Royón vuelve a quedar bajo la lupa. Mientras en Tartagal y durante la campaña se habló de defender la educación pública, en el Congreso se votó exactamente lo contrario.
Para muchos vecinos y referentes educativos, el acompañamiento político del intendente lo vuelve corresponsable de un voto que perjudica directamente a estudiantes, docentes y familias del interior, donde la universidad y la escuela técnica representan, muchas veces, la única posibilidad de progreso.
Una factura que paga la juventud
El ajuste aprobado no es una discusión abstracta de números: impacta de lleno en la vida cotidiana. Menos fondos significan menos carreras, menos investigación, menos formación técnica y menos futuro para miles de jóvenes salteños y argentinos.
La votación de Royón dejó en evidencia una ruptura entre el discurso y los hechos. Lo que se prometió como defensa de la educación terminó siendo, en el recinto, un voto funcional al ajuste y a la motosierra de Milei.
El debate sigue abierto, pero una cosa quedó clara: la educación pública no estuvo entre las prioridades del voto de Royón, pese a haber sido una de las principales banderas de su campaña.
Redacción: Diario Inclusión.
