La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se encuentra en el centro de una fuerte polémica: no ha sido convocada desde el 12 de septiembre de 2024. Esta prolongada parálisis motivó la presentación de un proyecto de resolución que busca destituir a su presidenta, María Emilia Orozco, diputada de La Libertad Avanza por Salta.
El pedido fue impulsado por la legisladora Mónica Frade, con el acompañamiento de otros diputados como Carolina Gaillard, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón. Los firmantes denuncian un incumplimiento grave de los deberes que le corresponden a la presidenta de la Comisión, y apelan al artículo 107 del reglamento de la Cámara, que habilita la remoción de autoridades que no cumplen con sus responsabilidades.
En el documento presentado, se detallan siete pedidos formales de convocatoria realizados entre agosto de 2024 y junio de 2025, todos sin respuesta. Para los impulsores del proyecto, la inacción de Orozco impide que el Congreso actúe ante el creciente deterioro de la libertad de expresión en el país, señalado tanto por organismos internacionales como por entidades de derechos humanos.
Durante su defensa, Orozco aseguró que bajo su gestión la Comisión tuvo mayor actividad que en años anteriores. En declaraciones a medios locales, sostuvo que se convocaron cinco reuniones en 2024 con una participación “amplia y federal”. También afirmó que se abrieron espacios de diálogo con periodistas, empresarios de medios y sindicatos del sector.
Sin embargo, los registros de la Cámara indican lo contrario. No hay constancia de ninguna reunión desde septiembre del año pasado y los reiterados pedidos de los legisladores nunca fueron atendidos.
La legisladora también desestimó las críticas atribuyéndolas a sectores kirchneristas, a quienes acusó de haber mantenido inactiva la Comisión en gestiones previas. “Mi compromiso es con la libertad de expresión, no con las operaciones políticas”, afirmó.
Pero la controversia que rodea a Orozco no se limita a la gestión parlamentaria. En las últimas semanas, su figura fue salpicada por dos hechos que sumaron tensión. Por un lado, se difundió un video en el que denuncia un intento de atentado contra su vehículo durante la campaña. Por otro, se investiga una denuncia por presuntos aportes obligatorios exigidos a funcionarios para sostener estructuras partidarias.
El caso, que involucra también al diputado Carlos Zapata y a un asesor político, se basa en un audio donde se menciona a Orozco como parte de un esquema de recaudación interna. La Justicia de Salta investiga los hechos en etapa preliminar.
Además, la diputada fue criticada por su participación en un viaje a Dubái junto a otros funcionarios, justo en medio de una crisis presupuestaria que golpea con fuerza al sector de la discapacidad.
Mientras tanto, la situación de la libertad de expresión en Argentina sigue bajo la lupa. Organismos como la Relatoría de la OEA y el CELS advirtieron sobre un contexto cada vez más restrictivo: cierre de medios públicos, uso discrecional de la pauta oficial, ataques verbales del presidente a periodistas y represión a trabajadores de prensa en movilizaciones.
Argentina descendió al puesto 87 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, que responsabilizó al gobierno de Javier Milei por la degradación del ecosistema mediático.
Con este panorama, el futuro de Orozco al frente de la Comisión de Libertad de Expresión parece cada vez más incierto. La Cámara deberá definir en las próximas semanas si su permanencia es compatible con el cargo que ostenta o si, por el contrario, es hora de un recambio.
Redacción Diario Inclusión
