El pasado jueves 12 del corriente mes, en el marco de la Sesión Ordinaria celebrada, el Concejo Deliberante debatió la propuesta impulsada por el legislador Pablo López, la cual requería que la legislatura de la provincia de Salta modificara la Ley Provincial n.° 7127, con el objeto de garantizar la libre elección de obra social para los empleados municipales de la ciudad de Salta.
El planteamiento, que no fue acompañado por sus pares, hizo que en el recinto se dieran declaraciones en su contra. El concejal miembro informante del dictamen, Gonzalo Corral (YP), hizo referencia a la naturaleza jurídica del IPS, destacando que “su base angular es la solidaridad”. Haciendo alusión a este aspecto el concejal detalló que “si bien las obras sociales privadas también tienen un componente solidario, su finalidad principal es el interés de lucro. En cambio, el IPS no busca lucrar; su objetivo es garantizar el acceso a la salud sin importar el monto del aporte individual”. Finalmente, agregó: “El Estado tiene que estar presente, y particularmente creo en su intervención en este caso para garantizar la salud de todos los afiliados, de acuerdo con las necesidades que tengan en cada momento”.
Por su parte, el concejal Martín Del Frari (SF) declaró: «cuando escucho que hay dirigentes políticos que piden que se cierren algunas obras sociales tan importantes de nuestra provincia o que se le dé la
libertad a la gente de elegir y hablan con una total liviandad, con un desconocimiento enorme
de lo que es la industria farmacéutica, las obras sociales, la verdad que me sorprende, porque
eso realmente conlleva y acarrea una enorme ignorancia en las opiniones que se vierten en
este recinto. El IPS de Salta tiene 270.000 afiliados, es decir, que el 70% de los pacientes que se atienden en nuestra provincia están afiliados a esa obra social. Como dijo el concejal Corral, es una obra social que tiene un fin solidario, quiere decir que aquel que es empleado público y gana muy bien, se le hace un descuento correspondiente del 5,5%, entonces cuando escucho a un concejal que gana muy bien pedir que se libere la posibilidad de que él tenga la posibilidad de elegir otra obra social y dejar a otro empleado público que
gana mucho menos sin la posibilidad de tener un acceso a una obra social buena, habla de una
falta de empatía total y a mí me parece que cuando uno se acerca y abraza lo que es la
dirigencia política tiene que hacerlo con responsabilidad, con compromiso, pero por sobre
todas las cosas con vocación de servicio».
Sobre la línea, Del Frari manifestó que con el aporte que los empleados de la administración pública que ganan «1 millón de pesos» realizan, no les alcanzaría para poder acceder a otra obra social, puesto que es una suma que resulta inadmisible para un plan que cubra las necesidades médicas básicas, por lo que a su entender «tendríamos un universo de muchísimos empleados públicos y municipales que no tendrían dónde tener un respaldo de una obra social, no tendrían cómo afiliarse a una obra social porque no les alcanzaría».
Asimismo, el concejal volvió a lamentar la falta de empatía de su par y expuso «pedir que se cierre o que se modifiquen algunas cuestiones de una obra social que funciona muy bien dentro de todos los problemas que pueden llegar a tener, porque han tenido etapas buenas, han tenido etapas muy buenas y otras no tanto y a veces esto tiene que ver con el manejo interno que se hacen en esas obras sociales».
Además el concejal Martín Del Frari (SF) ratificó el cumplimiento del deber económico por parte del Gobierno Provincial hacia la obra social, puesto que el dinero correspondiente a los empleados públicos era depositado mes a mes. » No ha faltado ni un centavo de lo que ha transferido el Ministerio de Economía al
Instituto Provincial de Salta. Es por ello que el Gobernador de la provincia le ha intervenido y se están haciendo las auditorías correspondientes y ahí está un señor que era síndico de la provincia (Emilio Savoy) que está
trabajando en ello».
A modo de cierre el concejal comentó: «decir la barbaridad de que hay que cerrarla o dejar al empleado público o al empleado municipal con la posibilidad de elegir una propia obra social sería dejar a más de un 50% sin la
posibilidad de tener una obra social como la gente. Que no, con un descuento de 50 mil pesos por mes no lo recibiría ninguna obra social privada que están hechas para hacer un gran negocio. O sea que dentro de todos los problemas que tiene el I.P.S, sigue siendo de enorme ayuda a la provincia de Salta y para sus ciudadanos».
Luego de este debate, y tras la desiganción de Emiliano Savoy como interventor, éste declaró: «El IPS es una obra social grande, no corresponde ni siquiera analizar una privatización», dejando en evidencia la postura de que se mantenga el Instituto Provincial de la Salud tal y como venía funcionando.