La designación del Defensor del Pueblo de la ciudad sigue empantanada y rodeada de incertidumbre, sin avances concretos ni explicaciones formales para quienes se postularon al cargo. En ese contexto, el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta cuestionó duramente la falta de transparencia del procedimiento y reclamó que el Concejo Deliberante garantice un proceso serio, basado en la idoneidad y la independencia.
En diálogo con la periodista Lorena Medina, Aguirre Astigueta sostuvo que el proceso “se enrareció” con el ingreso de figuras políticas de peso y denunció demoras injustificadas, impugnaciones sin resolver y un prolongado silencio institucional. Según explicó, fue uno de los primeros en inscribirse y siguió cada instancia de la convocatoria, pero aseguró que nunca recibió notificación oficial alguna por parte del Concejo Deliberante.
El constitucionalista recordó que la convocatoria inicial despertó un fuerte interés ciudadano, con 23 inscriptos, de los cuales quedaron 17. Sin embargo, con el correr de las semanas comenzaron a circular especulaciones políticas que, a su entender, terminaron debilitando la credibilidad del proceso. En ese marco, mencionó la postulación del exconcejal Martín del Frari, quien cobró protagonismo tras renunciar a su banca y aparecer como principal candidato. “Era el que corría con el caballo del comisario”, afirmó, aunque señaló que la resistencia social, las impugnaciones y las demoras marcaron un punto de inflexión. La posterior renuncia de Del Frari, alegando motivos familiares, también llamó la atención, al igual que la presencia de otros dirigentes políticos entre los aspirantes.
Aguirre Astigueta no ocultó su interés en integrar la terna final, respaldado —según expresó— por su formación en derechos humanos, su perfil profesional y su experiencia en la administración pública. No obstante, remarcó que lo más grave es la paralización del procedimiento sin explicaciones claras. “Ese silencio alimenta especulaciones y daña la credibilidad de una figura que debería ser ejemplar”, advirtió.
Sobre el rol del Defensor del Pueblo, fue categórico: debe ser un órgano de control real y autónomo, capaz de incomodar al poder. “Tiene que ser una figura molesta”, sostuvo, con independencia técnica absoluta y sin responder a intereses del Ejecutivo ni del Legislativo. Además, consideró necesario avanzar hacia mecanismos más participativos, como la difusión de los perfiles de los postulantes o instancias de opinión ciudadana, e incluso abrir el debate sobre una eventual reforma de la ordenanza que regula la designación.
Mientras tanto, la falta de definiciones mantiene en suspenso una figura clave para la defensa de los derechos de los vecinos y la transparencia institucional, en un proceso que había generado expectativas y hoy despierta más dudas que certezas.
Redacción Diario Inclusión
