Así lo determinan las cifras que arroja el listado web del Poder Judicial. El registro tiene como objetivo obligar a la persona a que cumpla con el derecho alimentario de su hijo o hija.
«Tengo una beba de un año. Me divorcié de su padre por violencia de género. Yo trabajo pero la realidad es que hoy en día prácticamente nada alcanza para la leche y pañales. Tuve la suerte de poder contratar una abogada para los trámites de la cuota alimentaria y todo se resolvió rápido. Ojalá todas tuvieran esta suerte «, contó Karina P, de 34 años.
Testimonios como este, o similares, se conocen día a día. En lo que va del 2022 fueron incorporadas 118 personas al Registro de Deudores Alimentarios de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Salta. En 2021 habían sido añadidas 138 personas. En 2020, en plena pandemia, solo hubo 101. Es que a causa de las medidas de aislamiento las personas no habían podido avanzar mucho en sus expedientes.
Ahora el incremento es notorio. Un total de 899 personas están incluidas en el listado. Hasta abril de 2021 figuraban 700. Es decir, en un año y medio se agregaron casi 200 deudores. El incremento es de un 28,5%.
El registro está reglamentado por la ley 7411 que dispone que se constituyen en deudores todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, de alimentos fijados por sentencia firme. El pedido de inclusión del deudor en el registro lo debe tramitar la parte interesada ante el juez, que ordena tanto las altas como bajas.
La secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri, explicó que ha habido un aumento. «A tal punto que faltan dos meses para cerrar este 2022 y ya estamos por alcanzar la cifra anual de 2021, así que la de este año puede estar cercana a la del anterior o probablemente superarla», indicó.
Y añadió que quizá el número podría ser mayor, ya que si se hace un cruce de información con las causas de alimentos en los juzgados de familia, son numerosas. Uno de los problemas centrales de los mismos y que se están dilucidando son las deudas alimentarias.
Expresó que en muchos casos, los ciudadanos no llegan a solicitar la inscripción del deudor/a en el registro porque piensan que no habrá un efecto mayor que lo/a obligue a revertir la situación, más allá de la publicidad del nombre o el hecho de ver que está incorporado/a en el listado.
«En este punto es en lo que también se va trabajando normativamente y se han ido haciendo propuestas a través de Diputados o Senadores. Los integrantes han elaborado proyectos legislativos que no han llegado a tomar un estado parlamentario, seguramente porque hay que hacer algunas modificaciones y otros análisis, pero creo que la perspectiva es llegar a ampliar o fijar ciertos efectos jurídicos a la inclusión en el registro», detalló Ferri.
Sin embargo, los efectos jurídicos pueden ser determinados por cada juez en su causa. De hecho, así lo hacen y hubo sentencias en las que limitaron ciertas conductas de los deudores del registro como el ingreso a una cancha o viajar al extranjero.
En Salta, para adquirir las licencias de conducir profesionales D, es obligatorio no ser deudor alimentario.
El 9 de octubre de 2019 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que promovía como requisito para la admisión en estadios con espectáculos deportivos, que las personas no figuren en el Registro de Deudores Alimentarios. Así también, un juez debía establecer si es que podía salir o no del país. Pero la iniciativa no llegó a tener estado parlamentario.
