Debido a las medidas del Gobierno Nacional, respecto de desfinanciar la obra pública, en el país podrían existir más de 500.000 empleados que quedarían a la deriva si no se reactiva la mano de obra por parte del sector privado.
En Salta se estima que solo el 30% de los empleados que quedarían sin poder continuar con las obras públicas podrían ser absorbidos por el sector privado.
Todo esto generó un ambiente que se torna desolador, preocupante y con mucha incertidumbre para la mayoría de las empresas que se dedican a la construcción de obras públicas en conjunto con el Estado Nacional.
