Un amplio consenso de la política y de la sociedad en general buscará el Gobierno de la provincia para sancionar la reforma constitucional, sostuvo el vicegobernador Antonio Marocco, días atrás.
Para el Gobierno, es un reclamo de la sociedad y una deuda de la política.Del otro lado cuestionan las medidas que impulsa el oficialismo y el momento.
Pero, como era de esperarse, ese consenso no llegará fácilmente. Tal vez por eso sea un acierto haber presentado el proyecto con mucha anticipación, aunque una de las críticas de la oposición sea, justamente, el momento en el que el Gobierno plantea la discusión.
Es el caso del diputado provincial por Ahora Patria, Carlos Zapata, quien consideró que el proyecto «es extemporáneo a la luz de las crisis que se están afrontando: la sociosanitaria en el norte y la pandemia por el coronavirus; y lo largo que va a ser el proceso de recuperación».
«Entonces, creo que hay otras prioridades en este momento para considerar, más que esta cuestión que es más para intereses de la política que de utilidad inmediata para la población», cuestionó.
Al respecto, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, explicó que «este es un tema que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo e, incluso, fue uno de los ejes de la campaña del gobernador (Gustavo) Sáenz», y que «su compromiso era presentar el 1 de abril este proyecto de reforma».
Por su parte, el jefe comunal de Vaqueros y presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, se mostró de acuerdo con la reforma de la Constitución. «Es verdad que estamos atrasados y es necesario renovar la constitución y adecuarla a las necesidades de estos tiempos», dijo.
Gestiones limitadas
«La limitación de los mandatos es el eje central del proyecto», afirmó Posadas y señaló que «se lo viene trabajando desde hace mucho tiempo, es un proyecto que tiene un profundo debate previo, no solamente a nivel institucional, sino de parte de la política desde hace muchos años».
Esta limitación, resaltó, es para «los mandatos tanto del gobernador como para intendentes y legisladores provinciales, previendo en los tres casos un máximo de ocho años, es decir una sola reelección».
Por su parte, Zapata consideró que «en cuanto a los cargos ejecutivos podría ser una buena opción, pero en la cuestión legislativa no le veo tanto asidero».
«Veamos primero cuál es la razón que impulsa a una sociedad democrática a limitar los mandatos, porque la consecuencia inmediata de esto es que el ciudadano va a ver coartado su derecho a elegir a quien quiera las veces que quiera, lo que vendría a ser un derecho fundamental de la democracia», advirtió e insistió: «Tenemos que ver por qué creemos que es necesario para la política tomar una medida que va a limitar el ejercicio de un derecho democrático».
