434 hombres y 2 mujeres se desentendieron por completo de sus hijos y no abonan la cuota mensual.
Hasta el 19 de marzo había 434 hombres y 2 mujeres en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia, lo que implica que no pueden ser proveedores del Estado, acceder a viviendas sociales o concursar cargos públicos. Esta herramienta busca visibilizar los casos de padres que no cumplen con sus hijos y generar conciencia sobre los derechos de los chicos.
El registro surgió a partir de una ley provincial y funciona en el ámbito de la Justicia. Lo que hace esta entidad, dentro de la Corte de Justicia y a través de la Secretaría de Derechos Humanos, es dar el alta y baja a las personas que no cumplen con la obligación de la cuota alimentaria establecida por los juzgados provinciales.
Blanca Ferri, secretaria de Derechos Humanos del Poder Judicial, explicó que el número de deudores no baja y destacó que el Registro se está dando a conocer más, en particular en el interior de la provincia. En 2018 solo se dieron 22 bajas.
«Para darle de alta o de baja al deudor se requiere de una orden judicial, no se hace por el pedido de un defensor o asesores. Lo debe solicitar el juzgado», detalló Ferri.
El Registro no está limitado a las personas físicas sino que también se puede incluir a los empleadores. En algunos casos las cuotas alimentarias se logran a través de un embargo sobre un porcentaje del sueldo. Entonces es el empleador el encargado de realizar el descuento y hacer el depósito correspondiente para la manutención del niño. Cuando el empleador no cumple con esta orden, puede ser enmarcado en el Registro.
El Registro, según publica diario El Tribuno, buscar aplicar un método de disuasión para lograr que los morosos paguen. Los deudores alimentarios no pueden acceder a viviendas sociales, ser proveedores del Estado ni concursar por cargos públicos o judiciales.
Ferri recordó que en la Secretaría de Derechos Humanos funciona la Secretaría Tutelar, que trata los pedidos de guarda y adopciones, y no acepta deudores alimentarios.
En la provincia, la Unidad Central de Contrataciones requiere un certificado que asegure que el postulante no es un deudor.
La Subsecretaría de Tránsito municipal no entrega licencias de conducir profesionales a los que no pueden comprobar que están libres de deudas alimentarias. El Registro es de acceso público y se actualiza en forma diaria, en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Judicial se destacó que hacen falta más normas que ayuden a persuadir a los deudores. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, hace unas semanas se le negó la salida del país a un deudor alimentario y a otro se le prohibió el ingreso a un partido de fútbol.
