El noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia continuará hoy, a partir de las 14, con los alegatos de la Fiscalía Federal.
Hoy se cumplirá con la finalización del alegato de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de los abogados Gastón Casabella y Dolores Parra, indicó Nuevo Diario. Los letrados debían expresar sus conclusiones sobre las pruebas reunidas en este proceso en la audiencia anterior, pero no pudieron terminar de exponer debido a lo avanzado de la hora.
Por eso, hoy concluirá su alegato Casabella (que pudo hablar media hora en la audiencia anterior) y luego hablará Parra. Tras estos alegatos, será el turno de la Fiscalía Federal, representada por los fiscales federales generales Carlos Amad y Francisco Snopek y el fiscal federal ad hoc Juan Manuel Sivila. En este proceso están siendo juzgados seis hombres que ocuparon cargos de relevancia en el organigrama represivo desplegado en la provincia a los fines de llevar adelante el plan sistemático de eliminación de personas previsto por la dictadura cívico militar.
Enfrentan acusaciones el ex jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, Héctor Ríos Ereñú; dos militares que fueron jefes de la Policía de la Provincia, Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, y el ex jefe del área de Seguridad de la Policía (un cargo clave desde el que tenía acceso y mando a las comisarías de toda la provincia), Joaquín Guil.
Los cuatro ya cuentan con condenas, aunque siguen con el beneficio de la prisión domiciliaria. Y se juzga a dos ex jefes que afrontan un proceso judicial por actos de terrorismo por primera vez: el comandante Diego Alejandro Varas, del Escuadrón 20, Orán, de Gendarmería, y el comisario retirado Arturo Mariscal, que era jefe de la Comisaría de Embarcación.
En este proceso se juzgan actos criminales en perjuicio de 32 personas, la mayoría de ellas asesinadas o desaparecidas. Sobre 22 de estas personas es la primera vez que se realiza un debate oral respecto de los crímenes de los que fueron víctimas.
Las querellas que alegaron hasta ahora, por la organización Encuentro Memoria Verdad y Justicia y por la Universidad Nacional de Salta han solicitado penas de prisión perpetua, y que se cumplan en cárceles comunes
