La investigación apunta a un esquema de oferta de alquileres turísticos y venta de productos regionales que nunca se concretaron. Según el fiscal a cargo, la imputada recababa depósitos y transferencias bajo contratos apócrifos y luego desaparecía sin entregar los bienes o servicios pactados.
Un total de 12 denuncias llegaron al Ministerio Público por estafas telefónicas y presenciales. Testigos describieron que la mujer presentaba documentación apócrifa y referencias profesionales inventadas para ganarse la confianza de los damnificados.
En la audiencia de imputación, el Juzgado de Garantías de Cafayate, a cargo de la jueza María Sánchez, avaló la formulación de cargos. Además, se dictaron medidas cautelares que incluyen el embargo preventivo de cuentas bancarias y la prohibición de salir de la provincia.
El Ministerio Público informó que la causa seguirá con pericias contables y un trámite de restitución de montos a las víctimas. La Fiscalía también evaluará una eventual demanda civil para garantizar la reparación de los perjuicios ocasionados.
Redacción Diario Inclusión ✍️
