La investigación reveló que los senadores provinciales de Salta percibieron en febrero un ingreso neto de 4.192.269 pesos.
Esta cifra incluye un sueldo básico de más de tres millones, un adicional por función legislativa de más de un millón y medio, y un monto de medio millón en concepto de “descentralización del gasto”, destinado a cubrir viáticos, pasajes y otros gastos operativos.
Tras los descuentos por aportes jubilatorios y obra social, el monto final en mano se mantiene por encima de los cuatro millones.
En la Cámara de Diputados, si bien el informe no detalla los montos exactos, se estima que los salarios son similares.
La información coincide con datos de fuentes provinciales y nacionales, donde los legisladores salteños se encuentran entre los mejores remunerados del país. A nivel nacional, el promedio de ingresos netos de legisladores provinciales ronda los 3,9 millones de pesos. Salta, según el informe, se ubica por encima de esa media.
El relevamiento destaca además que los legisladores salteños reciben un plus por desarraigo y otros beneficios que incrementan el ingreso mensual, sumando entre todos los ítems valores que superan con holgura el equivalente a una docena de salarios mínimos.
La investigación advierte que el acceso a esta información no es sencillo en la mayoría de las provincias.
Nueve de cada diez legislaturas provinciales del país no publican información sobre su personal, los gastos o los sueldos.
En este escenario, Salta aparece como uno de los pocos distritos donde, gracias al trabajo de organizaciones independientes como Red Ruido, es posible acceder a los números reales de la política.
El informe también muestra diferencias sustanciales entre provincias. Por ejemplo, en Tierra del Fuego los legisladores cobran el 90 por ciento del sueldo del gobernador, lo que representa un salario mensual cercano a los 2,5 millones de pesos. En Chubut, según datos de octubre de 2023, un diputado percibía menos de un millón mensual.
La opacidad institucional y la falta de controles ciudadanos en la mayoría de las legislaturas provinciales sigue siendo un problema estructural en el país.
Sin registros públicos, ni mecanismos de rendición de cuentas efectivos, se consolida una lógica de privilegios difícil de auditar.
El caso salteño, a pesar de los montos elevados, se destaca al menos por la posibilidad de conocer en detalle cuánto cobran sus legisladores.
Fuente: Nuevo Diario
