A las 17 en punto comenzaron a llegar las columnas a la plaza 9 de Julio. Bajo un calor persistente y durante varias horas, la movilización se sostuvo con intervenciones en la glorieta y frente al Cabildo Histórico, en una postal que volvió a ubicar al centro salteño como escenario de protesta social.
La convocatoria fue amplia y transversal: participaron la CGT Regional Salta, las dos CTA, movimientos sociales, universidades, jubilados y pensionados, partidos peronistas y de izquierda, y organismos de derechos humanos. Todos confluyeron con un rechazo común a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, a la que calificaron como regresiva y funcional a los intereses patronales.
La protesta incluyó vueltas completas a la plaza, un gesto cargado de simbolismo en el corazón político e institucional de la provincia. Las consignas apuntaron a la defensa de los derechos laborales, el reclamo de un paro general y la denuncia de un modelo económico que, según advirtieron, ya muestra consecuencias concretas en Salta.
Desde la CGT Regional Salta, Carlos Rodas cuestionó tanto el contenido como la forma de la iniciativa oficial. “No se puede discutir una reforma como la sacó el gobierno, porque simplemente es para los patrones, dejándonos a los trabajadores afuera”, afirmó. Además, reclamó una mirada federal al señalar que “no es la misma la realidad del centro del país que la del norte”, y anticipó un escenario de mayor conflictividad social: “El 2026 se va a encarar con lucha, en la calle”.
En la misma línea, Julio Molina, referente de la CTA Autónoma, calificó la reforma como “aberrante” y contraria a la Constitución, a los convenios de la OIT y a los tratados internacionales de derechos humanos. Denunció un retroceso de más de un siglo en materia laboral y puso el foco en la situación social: “Hay familias que hoy no tienen qué comer ni trabajo”, sostuvo, destacando la unidad construida en la movilización.
El sector universitario también expresó su preocupación. Stella Mimessi, secretaria general de APUNSa, advirtió que la reforma impactará de lleno en los convenios colectivos docentes y no docentes, en un contexto ya crítico por la falta de financiamiento y la ausencia de paritarias desde 2023. “Esta es una lucha que no termina”, aseguró.
Desde una mirada técnica y política, el abogado y dirigente peronista Pablo Kosiner consideró que la reforma es “una oportunidad perdida” porque no aborda el principal problema del mercado laboral argentino: la informalidad. Además, remarcó que la Constitución protege el trabajo como un derecho social, y que el proyecto avanza en sentido contrario.
Organismos de derechos humanos también se sumaron al rechazo. Nenina Lescano vinculó la reforma con el contexto político nacional y advirtió sobre retrocesos institucionales, mientras que desde la izquierda, Claudio del Plá definió la iniciativa como “la dictadura del patrón”, al señalar que busca modificar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Por su parte, Andrea Villegas reclamó un paro general inmediato y cuestionó la pasividad de la dirigencia sindical nacional.
La movilización se dio en un contexto alarmante para la provincia. Según datos recientes de CEPA Salta, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron 497 empleadores y 11.714 puestos de trabajo registrados, con una caída del empleo formal del 4,6%, concentrada principalmente en pymes. Con esos números sobre la mesa, la plaza 9 de Julio volvió a ser el escenario de una advertencia colectiva: frente a una reforma que promete más precarización, la respuesta seguirá siendo la calle.
Redacción Diario Inclusión
