La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 7 la elevación a juicio para 13 personas a las que acusa de explotación y organización de juegos de azar en la provincia de Salta, en calidad de coautores.
La investigación realizada por la UDEC, en conjunto con el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA), permitió detectar una compleja red dedicada a la captación de apuestas para un sitio web no autorizado, vinculado a la plataforma bet365. Esta actividad, desarrollada sin la correspondiente licencia para operar en la jurisdicción provincial, se dirigía a residentes en Salta, vulnerando así la normativa vigente sobre juegos de azar.
De acuerdo con los investigadores, la organización operaba mediante una estructura jerárquica que incluía a “respaldos” encargados de administrar los fondos y pagar los premios; “administradores”, responsables de reclutar a los operadores directos; y finalmente, “cajeros” que captaban apostadores y gestionaban las cargas de dinero a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.
Así, los “cajeros” recibían accesos a plataformas que simulaban ser sitios de apuestas oficiales, pero que en realidad operaban a través de dominios suplantados, lo que dificultaba su detección y control. En este esquema, los principales responsables de la gestión de fondos y la distribución de créditos virtuales eran personas ligadas a la firma AXON S.A.S., empresa que declara actividades distintas a los juegos de azar y se encuentra radicada en Buenos Aires.
Durante la investigación, se utilizó la figura del “Agente Encubierto Digital” en medios de comunicación informáticas y juegos en línea, con el fin de simular interés en los “casinos online”. Esta estrategia brindó a los investigadores herramientas y datos concretos que permitieron conocer con mayor certeza la operatoria desplegada por los sospechosos tanto en nuestra ciudad como en el interior del país.
A través de entrecruzamiento de datos, intervención de líneas y el empleo del “Agente Encubierto Digital”, personal del grupo investigativo UDEC logró identificar a los imputados, quienes, sin contar con autorización del ENREJA, se encontraban a cargo de distintas áreas dentro de una red ilegal denominada “Las Únicas”. Entre ellos, Roberto San Martín y su hijo Tomás Nahuel San Martín habrían ejercido roles de administradores generales, supervisando y coordinando las actividades, incluyendo la recepción y transferencia de fondos.
Asimismo, se detectó la participación de otros integrantes, como Mariela Andrea Mollo, quien cumpliría funciones administrativas y de promoción; Facundo Villalba, implicado en la facilitación de transferencias y en la adquisición de vehículos con fondos provenientes de la red; y operadores como Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván y Adolfo Ignacio Rodríguez, quienes se habrían encargado de la gestión de cajeros, capacitación y estrategias de captación.
En paralelo, la pareja integrada por Andrea Celeste Verón y Juan José Carrasco habría administrado redes internas de cajeros y utilizado vehículos adquiridos con recursos de la organización. Por su parte, Constanza María Di Leandro, vinculada sentimentalmente con Galván, sería responsable de los movimientos financieros entre los integrantes de la red.
Para la fiscal Salinas Odorisio, el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos y ENREJA, basado en análisis contables, registros telefónicos, allanamientos y seguimientos virtuales, permitió recolectar pruebas que indican la operatividad de la red sin las autorizaciones legales pertinentes, generando un perjuicio económico para la provincia y comprometiendo la integridad del sistema regulatorio.
