El intendente de Aguaray, Jorge Prado permitió sin autorizaciones legales, a una empresa para que se lleve caños de la abandonada obra estatal del gasoducto del NEA. Involucra una cifra millonaria. Tendría las horas contadas.
Jorge Enrique Prado, intendente de Aguaray, podría tener las horas contadas, ya que a poco de hacerse cargo del municipio, donde llegó de la mano de Sergio Oso Leavy, el Concejo Deliberante local resolvió su destitución y en la Cámara de Diputados ingresó un proyecto solicitando la intervención del municipio.
La decisión unilateral e inconsulta del mandatario municipal de
otorgar un permiso a la empresa mendocina Osyp SA para desmantelar y
poder llevarse 35 kilómetros de caños de la obra del gasoducto del NEA,
que atravesaba el municipio norteño, es el motivo, y su justificación
diciendo que era para evitar la contaminación ambiental y generar mano
de obra local, no las cree nadie.
Se estima que el monto de los caños retirados asciende a más de 3 millones de dólares (más de 200 millones de pesos), y quien investiga es el fiscal federal José Luis Bruno.
La denuncia la efectuó la empresa Vertúa, luego de que un funcionario provincial advirtiera la maniobra.
Debe informar o será destituido
Según da a conocer Página 12, ayer el Concejo Deliberante de Aguaray aprobó otorgar un plazo de 48 horas para que brinde toda la información con respecto a la resolución 1215/19 que habilitó el cuestionado retiro de los caños. De no facilitar todos los datos y documentación requerida en el tiempo fijado iniciarán el proceso de destitución.
Los ediles cuestionan, además de la maniobra que podría ser penada
judicialmente por disponer el intendente sobre bienes que pertenecen al
Estado Nacional, que el jefe comunal no haya consultado al Concejo
y que posteriormente haya ocultado la resolución 1215 que no estaba
incluida en el boletín oficial, según informó el presidente del órgano
legislativo, Guillermo Alemán.
Intervención de Aguaray
Sin embargo Prado podría también cesar en sus funciones si prospera el proyecto de Ley presentado por el diputado del Partido de la Victoria, Ramón Villa, que solicita la intervención del Ejecutivo municipal.
Curiosamente Villa es del mismo sector político al que pertenece Prado, es decir el Frente de Todos, ya que fueron todos juntos en las pasadas elecciones acompañando a Leavy. Pero el tamaño del escándalo hizo que al parecer le suelten las manos.
Lo hace invocando el artículo 179 de la Carta Magna provincial, que habilita a realizar esa acción con el voto de los dos tercios de ambas cámaras legislativas, en virtud de «normalizar una situación de crisis o gravedad institucional», según lo fundamentado por Villa en la iniciativa.
