El juez resolvió que la Defensoría del Pueblo no tiene injerencia provincial.
El aumento del agua tiene luz verde, luego de que la Justicia rechazara el recurso de amparo presentado a principios de este mes por Frida Fonseca, defensora del Pueblo de Salta. El juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civiles y Comerciales, adujo que el organismo no tiene injerencia provincial en el tema y se basó en una ordenanza municipal.
Fonseca concurrirá al Concejo Deliberante para poder modificar dicha norma, que tildó de restrictiva, y que pone en jaque la posibilidad de «defender a los salteños». Mientras los defensores del norte se reunieron y planean reclamos en conjunto si no avanza por los tarifazos. «Terrible», así había definido la situación la defensora cuándo se acercó hasta la Ciudad Judicial a pedir que los aumentos se retrotraigan a marzo, antes del último incremento de 28,38 por ciento. En febrero había subas de 5% y en noviembre del 18,42%. Todo suma más del 50% en tan solo cinco meses. En aquella oportunidad Fonseca contó que la situación era preocupante. «Es impresionante la gente que desdobla la boleta y solo paga la luz, o jubilados que pidieron préstamos para poder pagar».
El rechazo del juez se sustentó en que el servicio del agua es prestado por la Provincia, mientras que las competencias de la Defensoría, reconocidas por ordenanza municipal, limitan su acción a la comuna.
«Está totalmente mal, está pésimo. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance», se lamentó Fonseca, aunque dijo que tenía puntos a favor que no fueron suficientes. «Incluso la Procuración planteó que están acreditados los parámetros legales para iniciar la acción», indicó. Pero sin la legitimidad para actuar, no pudo poner freno al tarifazo.
«Debería poder accionar ante la Justicia en defensa de los intereses de los vecinos de la ciudad, independiente de quién sea el funcionario que vulnere ese derecho, ya sea municipal, provincial o nacional. Si no estamos limitados», advirtió la exconcejal.
