El caso surgió tras una denuncia que apuntó al vertido ilegal de efluentes cloacales en un pozo aljibe cercano al campamento Chocobar, en el Departamento Los Andes. La empresa, imputada por dañar un recurso hídrico clave en una zona árida, presentó ante la justicia un paquete de compromisos técnicos y operativos.
La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) ordenó una inspección a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), cuyos análisis determinaron que las muestras de agua superaban los límites permitidos por el Código Alimentario Argentino y resultaban no aptas para consumo. El pozo forma parte de un sistema hidrogeológico que sustenta la flora, la fauna y a las comunidades locales.
Con base en el informe del CIF, UFICON formuló cargos por infracción a los artículos que sancionan el vertido de residuos, la falta de certificación ambiental y la responsabilidad de las personas jurídicas. La acusación recaía sobre el titular de la empresa y dos operarios que habrían ejecutado la descarga.
Durante la audiencia, la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba y se comprometió a ejecutar varias medidas reparadoras: desinfección con shock de cloro, nuevos estudios de calidad del agua, construcción de un brocal con tapa hermética, instalación de un cerco perimetral y señalización de advertencia, además de gestionar la disposición final controlada de los efluentes.
El Juzgado de Garantías 8 valoró la ausencia de antecedentes penales de los imputados y aceptó la propuesta. La suspensión se extendió por seis meses, periodo durante el cual la empresa quedará bajo la supervisión de la Secretaría de Control de Suspensión de Juicio a Prueba. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones reactivará el proceso judicial.
📝 Redacción Diario Inclusión
