El reciente viaje de referentes del personal de maestranza a la capital provincial dejó al descubierto un escenario repetido: reuniones, explicaciones técnicas y promesas, pero ninguna resolución concreta. “Yo fui por un motivo, de presentar una nota de consideración y consultar la situación”, relató una de las trabajadoras tras entrevistarse con autoridades del área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación.
Según lo expuesto, la respuesta oficial fue clara en un punto y difusa en todo lo demás: “Estamos en un proceso de revisión por mucha irregularidad que hay”. Una definición que, lejos de destrabar el conflicto, volvió a postergar el pase a planta que el sector reclama desde hace años.
Irregularidades que el Estado toleró durante años
Desde el propio Ministerio se reconoció que existen legajos con inconsistencias: “Hay personal que trabajó hace dos años y ya no está trabajando, pero presentó documentación”, “otros entraron hace una semana o un mes” e incluso “personas que directamente no están trabajando”.
Sin embargo, el señalamiento genera malestar entre quienes sí cumplen funciones de manera permanente. Para los trabajadores, estas irregularidades no son responsabilidad del personal, sino de un sistema de contratación precaria sostenido por el propio Estado, que ahora utiliza esas falencias como argumento para frenar los nombramientos.
El artículo 3: el argumento para excluir al interior
Uno de los pasajes más sensibles del testimonio refiere a la aplicación del artículo 3, que dejó fuera a gran parte del personal del interior. “No salimos en el listado de emitidos y no emitidos, salió directamente el artículo 3”, explicaron.
El motivo es conocido: “Nos dicen que no tenemos un convenio directo con el Ministerio, sino mediante la municipalidad”. Un esquema que funcionó durante años, pero que hoy se convierte en una excusa administrativa para negar derechos laborales básicos a quienes sostienen las escuelas en localidades alejadas de la capital.
Promesas de mejoras que siguen siendo solo palabras
Durante las reuniones, también se deslizó una posible salida: “Hay un proceso de contrato directo con el Gobierno, que sería una mejora del salario, hasta cuatro veces más de lo que estamos cobrando ahora”. No obstante, la propia trabajadora fue contundente: “Todo es de palabra”.
La falta de resoluciones escritas, fechas concretas o instrumentos legales vuelve a colocar al sector en una situación de extrema vulnerabilidad, a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo.
Reclamos permitidos, soluciones ausentes
Desde el Ministerio se les indicó que no dejen de reclamar, aunque se sugirió que presenten “una sola nota general por municipio” para evitar gastos. La recomendación, lejos de calmar los ánimos, fue interpretada como un intento de administrar el conflicto sin resolverlo.
“Esto está en un proceso de revisión, tanto de documentación como de solución”, repiten desde el Gobierno. Pero mientras tanto, los trabajadores siguen sin estabilidad, con salarios bajos y sin garantías de continuidad.
El tiempo corre y la incertidumbre persiste
El pedido es claro y urgente: “Que se agilice el artículo 3, que sea antes del comienzo del ciclo lectivo”. También se solicitó que el tema sea tratado en las próximas paritarias de febrero, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.
La sensación que atraviesa al personal de maestranza es de desgaste y cansancio. “Esperemos que esto salga lo más antes posible”, expresaron. Pero, una vez más, la expectativa choca contra una realidad conocida: expedientes que se revisan, promesas que se repiten y trabajadores que siguen esperando.
Redacción: Diario Inclusión.
