El jubilado presentó ante el fuero nacional una acción por daños y perjuicios contra la compañía y el Estado argentino, señalando que semanas después de recibir la dosis sufrió una trombosis venosa profunda que le dejó secuelas permanentes y gastos médicos elevados.
El principal escollo para su reclamo es la Ley 27.573, sancionada en noviembre de 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, que exime de responsabilidad legal a los laboratorios y mantiene en reserva los contratos con el Estado, impidiendo juicios directos contra las farmacéuticas.
La norma obliga a los damnificados a recurrir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo con montos fijos y reducidos que solo cubre efectos graves y científicamente comprobados, lo que dificulta el acceso a la justicia para quienes no cuentan con recursos para costear peritajes y asesoría legal.
En su demanda, el jubilado desglosa daño moral, emergente por gastos médicos, incapacidad sobreviniente, pérdida de chance (imposibilidad de realizar tareas rurales o actividades recreativas) y daño punitivo como sanción ejemplar contra AstraZeneca, tras financiar él mismo peritos y abogados.
Además de buscar la indemnización, el demandante pretende impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573 y llevar la discusión a la Corte Suprema, con el objetivo de sentar un precedente que reconozca el derecho a una reparación integral después de campañas de vacunación masivas.
Redacción Diario Inclusión
