En el marco de diversas investigaciones que se llevan adelante por supuestos casos de tenencia, producción y/o distribución de material de abuso sexual infantil reportados por la ONG NCMEC y casos de grooming denunciados en el área de la ciudad de Tartagal, el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, a cargo del juez Nelso Aramayo, dispuso siete órdenes de allanamiento, detención y secuestro de toda evidencia digital en los domicilios de las personas investigadas.
En este gran despliegue, se contó con la colaboración de personal de la Dirección de Ciberseguridad, de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia y efectivos de la jurisdicción.
Se trata de allanamientos simultáneos que se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad de Tartagal y, según señaló la fiscal Cornejo, las personas investigadas serán imputadas en las próximas horas.
Tal como se realizó en diciembre de 2024 en la ciudad de Salta, la operación #SaltaDigital – Infancias Ciberseguras, tiene por objetivo combatir hechos delictivos que se cometen en perjuicio de la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes a través de Internet, tales como el grooming, la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, los cuales vulneran su integridad, aprovechando la hiperconectividad a la que se encuentran expuestos en la actualidad.
Se trata de actividades ilícitas que se cometen en el ciberespacio, aprovechando la vulnerabilidad en la que se encuentran todos los menores de edad a través del uso de redes sociales y, fundamentalmente, de las niñas, contra quienes se ejerce violencia de género de manera sistemática.
Con estas acciones se busca generar verdadera conciencia en la población acerca de la importancia de individualizar y neutralizar el accionar de estas personas vinculadas a la pedofilia y proteger a niños, niñas y adolescentes, denunciando toda actividad sospechosa y logrando el compromiso en todos los ámbitos, especialmente en el familiar y escolar.
Cabe destacar que la Fiscalía, con asiento en el distrito judicial del Centro y con competencia en todo el territorio salteño, interviene en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1396 de la Procuración General de la Provincia.
