La situación financiera del municipio de Tartagal encendió nuevas alarmas tras el pedido de informe presentado por la concejal Margarita Rauch, quien expuso un escenario crítico marcado por la falta de transparencia, el silencio del Ejecutivo y un manejo económico que, según advirtió, ya no logra ocultar sus graves consecuencias.
“Más que nunca los concejales tenemos que dar respuesta a la gente, sobre todo cuando tenemos un Ejecutivo que mira hacia el otro lado y no da respuestas claras”, sostuvo Rauch, dejando en evidencia un deterioro institucional que se profundiza ante la ausencia de explicaciones oficiales.
La edil remarcó que el problema no es solo financiero, sino también político: un Ejecutivo que no rinde cuentas, un área de Hacienda inaccesible y un gobierno municipal que evita dar la cara mientras la crisis golpea de lleno a proveedores y vecinos.
186 millones en multas bancarias: la admisión explícita del fracaso
Uno de los datos más contundentes revelados por Rauch es que el propio presupuesto municipal prevé 186 millones de pesos en multas bancarias para el año 2026, una cifra que, lejos de ser un imprevisto, expone una práctica sistemática de emisión de cheques sin respaldo.
“Ya el Ejecutivo Municipal presupuestaba 186 millones de multas bancarias”, señaló la concejal, explicando que estas sanciones derivan de cheques rechazados por falta de fondos y de excesos permanentes en cuentas bancarias.
Para Rauch, incluir ese monto en el presupuesto no solo anticipa un año económico “bastante difícil”, sino que equivale a normalizar el incumplimiento, asumir que el municipio seguirá operando sin fondos reales y trasladando el costo del desorden financiero a terceros.
Proveedores al límite y servicios paralizados
La crisis impacta de manera directa en los proveedores municipales, muchos de los cuales arrastran deudas de varios meses. Rauch describió una realidad en la que contratos caídos, servicios incumplidos y empresas ahogadas financieramente se vuelven moneda corriente.
“El problema de los proveedores es tremendo”, afirmó, recordando que esta situación viene siendo denunciada desde hace tiempo sin que el Ejecutivo adopte medidas correctivas.
La consecuencia inmediata es clara: menos servicios, mayor precarización y una cadena de pagos rota que afecta no solo a quienes trabajan con el municipio, sino también a la comunidad que depende de esas prestaciones.
Aprietes, cheques encadenados y denuncias de extorsión
Uno de los tramos más graves de la denuncia tiene que ver con el mecanismo utilizado para “pagar” deudas atrasadas. Según relató Rauch, proveedores aseguran ser sometidos a presiones para aceptar nuevos cheques en reemplazo de pagos vencidos.
“No, vos lo decís bien. Es apriete, esto es extorsión”, sostuvo la concejal, al explicar que quienes reclaman cobran con otro cheque, aun sabiendo que el anterior fue rechazado.
Este sistema, lejos de resolver el problema, lo profundiza: genera gastos adicionales, demoras judiciales y una dependencia cada vez mayor de un Estado que no cumple pero sigue exigiendo servicios.
La “bicicleta financiera” como política de gestión
Rauch definió el funcionamiento actual del municipio como una “bicicleta económica y financiera”, donde las deudas se refinancian indefinidamente sin respaldo real. La edil advirtió que el municipio ya no tiene “espalda financiera” para sostener este esquema.
Incluso mencionó casos en los que se entregan cheques para situaciones sensibles, como viajes por razones de salud, que terminan siendo rechazados por los bancos. “No hay respaldo dentro de las cuentas corrientes”, afirmó con contundencia.
Un Estado que incumple y traslada el costo a la sociedad
Para la concejal, el problema se agrava porque el Estado municipal aparece como el único empleador genuino en muchos casos, pero al mismo tiempo incumple sus obligaciones, forzando a proveedores y vecinos a soportar las consecuencias del desmanejo.
Rauch también cuestionó la falta de información sobre contratos y modalidades de contratación, señalando que muchos de estos acuerdos nunca llegan al Concejo Deliberante, lo que profundiza la opacidad en la administración de fondos públicos.
Un pedido de informe que desnuda una crisis estructural
El pedido de informe al Ejecutivo busca respuestas concretas sobre el estado real de las cuentas municipales, la deuda flotante y las condiciones en las que se viene operando financieramente. Sin embargo, el trasfondo es más profundo: una crisis estructural que ya no puede disimularse.
Mientras el Ejecutivo guarda silencio y el área de Hacienda permanece inaccesible, Tartagal enfrenta un escenario donde el desorden financiero, la falta de control y la ausencia de transparencia amenazan con seguir deteriorando los servicios, la economía local y la confianza pública.
Redacción: Diario Inclusión.
