La Municipalidad de Tartagal fue escenario de un fuerte conflicto el día de ayer, cuando un grupo de trabajadores, contratistas y cooperativistas se movilizó hasta las puertas del edificio comunal para exigir el pago de anticipos de obras y la firma de convenios para proyectos educativos. La situación derivó en momentos de tensión, ingreso forzado al edificio y una respuesta inmediata del Ejecutivo municipal, que negó rotundamente las acusaciones.
Las manifestaciones ocurrieron en un contexto social y económico particularmente delicado, marcado por la falta de recursos, obras paralizadas y la urgencia por trabajar en vísperas del cierre de año.
El reclamo de los trabajadores: fondos demorados, versiones contradictorias y meses de espera
Cristian Fernández, contratista y uno de los voceros del grupo, fue contundente al exponer el malestar acumulado. Recordó que el conflicto no es reciente: las gestiones para destrabar pagos y adelantos se remontan a más de cinco meses, con múltiples viajes a Salta, noches a la intemperie y permanentes idas y vueltas entre funcionarios municipales y provinciales.
Según Fernández, las cooperativas afectadas viajaron a Salta el pasado 17 de noviembre para gestionar el anticipo de la segunda etapa de obras en la comunidad de Yacuy. Allí, asegura, recibieron la confirmación de que los fondos estaban disponibles y transferidos al municipio de Tartagal.
Sin embargo, al regresar, se encontraron con una situación completamente distinta. Las autoridades municipales habrían informado que el pago recién podría efectuarse después del día 12, contradiciendo —según el contratista— la información brindada por el Ministerio de Infraestructura de la provincia:
“Nos confirmaron que la plata estaba depositada desde el miércoles. Pero acá nos dijeron otra cosa. Cuando hablé con el ministro, me dijo que jamás se habló de esperar hasta después del 12. Si la provincia transfirió, el municipio tiene que pagar”.
Fernández también denunció haber sido víctima de malos tratos y cuestionó duramente que funcionarios municipales los acusaran de violencia:
“Estuvimos dos días sin comer en Salta, cagándonos de frío. Venimos peleando por obras que son para los chicos, no para nosotros. No somos violentos; la violencia la recibimos nosotros”, afirmó.
A esto sumó un punto particularmente sensible: la supuesta intención del municipio de reemplazar mano de obra cooperativa por personal municipal, lo que —señaló— perjudicaría directamente a quienes llevan meses esperando continuidad laboral en obras públicas esenciales.
El municipio responde: niegan deudas, denuncian violencia y advierten sobre sanciones
Horas después de los incidentes, el secretario de Gobierno, Ernesto Restom, brindó declaraciones oficiales. Su postura fue categórica y opuesta a la de los manifestantes.
En primer lugar, afirmó que el municipio no mantiene deuda con las cooperativas que se movilizaron. Según explicó, los trabajos en cuestión dependen de fondos provinciales que aún no han sido transferidos a la Municipalidad de Tartagal, motivo por el cual no es posible ejecutar pagos ni adelantos.
“Ellos decían que los fondos ya estaban aquí, pero eso no es cierto. Hacienda nos informó que todavía no ingresó nada. Pueden pedir el comprobante cuando quieran”, sostuvo Restom.
También negó que exista algún compromiso formal con respecto a nuevos convenios, ya que los proyectos previstos para el año próximo dependen del presupuesto municipal 2026, que fue elevado recientemente al Concejo y aún está en debate.
“Los convenios no pueden firmarse sin presupuesto aprobado. Esto sucederá recién en diciembre. Y recién ahí se podrán confeccionar los contratos y avanzar con Escuela Nueva o cualquier otra obra”.
El funcionario también se refirió al episodio dentro del municipio, calificándolo como un ingreso abrupto y violento, que puso en riesgo a empleados, proveedores y vecinos que estaban realizando trámites. Denunció que los manifestantes “quebrantaron el orden público” y advirtió que el Ejecutivo aplicará medidas estrictas para evitar nuevos incidentes.
“No vamos a permitir que se repitan estas situaciones. Si hay cooperativas que no terminan obras y vienen a exigir nuevas, no van a ser habilitadas para proyectos futuros”, remarcó.
Al referirse a los responsables, Restom mencionó a varios referentes, entre ellos Fernández, Ceballos y Costanzo, a quienes acusó de tener obras sin finalizar.
El trasfondo: obras escolares, urgencias económicas y tensiones de fin de año
El conflicto expone una problemática recurrente en Tartagal y en muchos municipios del norte del país: la dependencia de fondos provinciales para ejecutar obras, la presión de las cooperativas por asegurar continuidad laboral y el clima de tensión que cada diciembre intensifica reclamos y disputas.
Para los trabajadores, las demoras significan meses sin ingresos, incertidumbre y paralización de proyectos esenciales para comunidades como Yacuy, Tranquitas y barrios de la periferia urbana.
Para el municipio, la prioridad es sostener la institucionalidad y evitar que protestas se transformen en situaciones de riesgo público.
El cruce de versiones —fondos que “ya están” según trabajadores pero “no ingresaron” según el Ejecutivo— refleja una desconexión que agrava la conflictividad.
Un conflicto que continúa
Hacia el cierre de la jornada, los manifestantes permanecían en las inmediaciones del edificio municipal y aseguraban que no se retirarán hasta obtener respuestas concretas. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que los procedimientos administrativos no pueden acelerarse y que no tolerará nuevos ingresos agresivos al establecimiento.
El escenario sigue abierto y la tensión continúa en aumento, en un Tartagal que enfrenta nuevamente la difícil combinación de urgencia social, obras paralizadas y disputas entre trabajadores y autoridades.
Redacción: Diario Inclusión.
