Una escena de extrema gravedad social se desarrolló frente al edificio municipal de Tartagal, donde dos familias decidieron encadenarse en las escalinatas como último recurso para evitar quedar en la calle. La protesta, que incluyó a madres con niños pequeños y a una persona con discapacidad, dejó expuesta no solo una orden judicial de desalojo, sino también la ausencia total de respuestas por parte de la gestión del intendente Franco Hernández Berni.
Mientras las cadenas se ajustaban y la angustia crecía bajo altas temperaturas, desde el municipio no hubo ningún pronunciamiento oficial, ninguna audiencia urgente ni la presencia del jefe comunal. El silencio institucional contrastó con la desesperación de quienes reclamaban una solución mínima para no quedar en situación de calle.
Años de permanencia ignorados por la gestión actual
Las familias afectadas viven desde hace entre 15 y 20 años en un predio ubicado en la zona de calle Colón y pasaje Leroy. Allí levantaron viviendas de material, consolidaron un barrio y criaron a sus hijos. Sin embargo, hoy enfrentan órdenes de desalojo que avanzan sin contención social ni alternativa habitacional.
Una de las mujeres confirmó que su desalojo está previsto para el 2 de febrero, mientras que la otra recibió notificaciones que habilitan un procedimiento inmediato. Para ambas, el tiempo se acorta y la respuesta del municipio es inexistente.
“No somos ocupas recientes. Estamos hace más de quince años y nadie nos escucha”, relataron.
Módulos autorizados y una responsabilidad que el intendente no asume
Uno de los puntos más graves del conflicto es que el propio Estado municipal intervino en el lugar durante gestiones anteriores, realizando inspecciones, tomando fotografías y autorizando la instalación de módulos habitacionales. Todo esto ocurrió cuando Franco Hernández Berni ocupaba cargos vinculados a la administración pública local, lo que, según las familias, demuestra que el actual intendente conocía la situación desde hace años.
Sin embargo, hoy la gestión desconoce esos antecedentes y se limita a dejar que la Justicia avance sin presentar ningún tipo de contención social.
Si el terreno era privado, se preguntan las familias, ¿por qué el municipio intervino, inspeccionó y autorizó construcciones? Y si el problema era conocido, ¿por qué ahora el intendente se desentiende?
Promesas de campaña que quedaron en el olvido
Las familias denunciaron que durante la campaña electoral Franco Hernández Berni se comprometió personalmente a resolver la situación. Según relataron, visitó el lugar, escuchó los reclamos y aseguró que una vez en la intendencia el problema tendría solución.
“Nos pidió el voto, nos dijo que su palabra era ley y que no nos preocupemos. Hoy no da la cara”, expresaron con indignación.
Desde que asumió como intendente, aseguran haber peregrinado por distintas oficinas municipales sin obtener respuestas concretas. En algunos casos, incluso denunciaron que se les entregaron papeles sin firma, sin número de expediente y sin ingreso formal, lo que refuerza la sensación de burla y abandono.
Pobreza, discapacidad y un municipio que no ofrece alternativas
Uno de los casos involucra a una familia donde el jefe de hogar es una persona con discapacidad que no puede caminar y percibe una jubilación mínima. La otra familia depende de trabajos informales y changas. Ninguna tiene ingresos suficientes para alquilar, mucho menos para comprar un terreno.
El propietario del predio exige montos que van de 20 a 27 millones de pesos al contado, cifras imposibles de afrontar. Ante esto, las familias solicitaron al municipio una vivienda social, un terreno fiscal o una reubicación transitoria.
La respuesta, según denunciaron, fue siempre la misma: “no hay terrenos”.
Presencia policial, pero ausencia política
Durante toda la protesta, ningún funcionario de peso salió a dialogar. No hubo audiencias urgentes, ni mesas de trabajo, ni gestos de contención. La única presencia visible fue la policial, una postal que para muchos refleja la lógica de la gestión: control antes que solución.
“El intendente tiene dónde dormir, nosotros no sabemos dónde vamos a pasar la noche”, dijeron las mujeres encadenadas.
Una gestión cuestionada por su falta de sensibilidad social
El caso volvió a poner en el centro del debate la gestión de Franco Hernández Berni, cuestionada por prometer soluciones que no llegan, desentenderse de conflictos sociales profundos y permitir que madres, niños y personas con discapacidad queden a merced de desalojos sin alternativas.
Mientras la Justicia avanza, el municipio calla. Y mientras el intendente guarda silencio, las cadenas frente al edificio municipal se transformaron en un símbolo del abandono y la falta de respuestas del poder local.
Redacción: Diario Inclusión.
