La secretaria de ATE Tartagal, Sandra Hoyos, manifestó su profunda preocupación ante la posibilidad de recortes y despidos en el municipio, en un contexto de crisis financiera que impacta de lleno en los trabajadores. En una reciente reunión con el intendente Franco Hernández Berni, Hoyos denunció que Tartagal fue uno de los municipios que más personal incorporó durante la actual gestión, muchos de ellos directamente con contratos de planta o categoría 24.
“Cuando él asumió, ingresó muchísima gente. Y ahora, si no puede sostener ese gasto, que ajuste con su planta política, no con los trabajadores que están desde hace más de 15 años”, sostuvo Hoyos. Según detalló, numerosos trabajadores históricos podrían ser desplazados injustamente mientras se intenta sostener cargos políticos recientes.
Este conflicto se agudizó tras la desvinculación de Sebastián Galarza, un joven trabajador con discapacidad que prestó servicios al Concejo Deliberante durante 18 años. El caso generó indignación en diversos sectores gremiales y sociales, ya que Galarza contaba con una pensión por discapacidad y su despido es visto como un acto de insensibilidad y arbitrariedad. Desde el entorno del Concejo no se brindaron detalles oficiales, aunque se presume que el recorte responde a un proceso de «reestructuración interna».
“Sebastián trabajó toda su vida en el municipio y lo echan sin contemplaciones. ¿A quién están ajustando realmente? Esto no es una reorganización, es una injusticia”, cuestionó un dirigente sindical cercano al caso.
Contexto más amplio
La advertencia de Hoyos se da en medio de una creciente ola de despidos y conflictos laborales a nivel provincial y nacional. El ajuste impulsado desde el gobierno nacional obligó a muchos municipios a reducir gastos, y Tartagal no es la excepción. Sin embargo, los gremios reclaman que no se puede resolver la crisis recortando a los trabajadores que durante años sostuvieron los servicios municipales, muchas veces en condiciones precarias.
ATE también denunció que parte del personal incorporado por la actual gestión lo fue sin concursos ni procesos transparentes, y que ahora se busca proteger a ese sector a costa de quienes tienen años de antigüedad.
Redacción: Diario Inclusión.
