La fiscal a cargo de la causa mencionó que tres funcionarias de la Municipalidad podrían resultar imputadas por el delito de concusión.
Tres funcionarias podrían resultar imputadas por el delito de concusión en el Plan Acompañar. La fiscal del caso, la doctora María del Carmen Núñez en diálogo con El Tribuno explicó una serie de medidas dispuestas por la fiscalía a su cargo: «Mi idea es que esta semana se lleven a cabo las audiencias de formalización, que en la Justicia provincial se denominan audiencias de imputación, a las tres personas que aparecen como responsables de los hechos; en esa misma audiencia se les hará a conocer cuáles delitos se les imputarán y que según a nuestro entender han cometido. Es un momento muy importante en el proceso y si bien la opinión pública puede interpretar que hay demoras, cuando estas personas que desde el primer momento se han puesto ajustadas a derecho, se hagan presentes en esa audiencia, tienen que saber con toda certeza cuáles son esos delitos «.
La fiscal trabaja también para precisar con plena certeza «qué día según la investigación esta gente recibió dinero, quien les hizo entrega, cuánto recibieron porque a diferencia de lo que sucede en el ámbito del periodismo nosotros no podemos trabajar en potencial sino con la certeza que requiere una acusación. Para llegar a ello se necesitaba el trabajo previo de investigación, que en este caso la está realizando personal asignado a este trabajo y que pertenece a la Gendarmería Nacional Argentina. La calificación que se le dé a estas personas será provisoria porque en el transcurso del proceso pueden surgir otros delitos como el de concusión previsto en el Artículo 268 del Código Penal ( que se configura cuando el funcionario público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos)» explicó.
Entre las diferentes medidas solicitadas por la fiscalía penal de Orán y dispuestas por el propio juzgado «se concretaron las que tomaron estado público como los allanamientos y el secuestro de soportes técnicos y documentación y otras que no trascendieron como el pedido de informes a los diferentes organismos que tienen competencia en el otorgamiento del programa Acompañar», precisó la doctora Núñez.
Los allanamientos a los que la fiscal hizo referencia se concretaron en las oficinas municipales de la Dirección de la Mujer y la Diversidad que hasta ese momento estaba a cargo de Carla Cordero; otros se llevaron adelante en la vivienda particular de la funcionaria en el barrio Roberto Romero y en la casa de Sandra Domínguez, una mujer que se desempeñaba dentro de esa misma dirección.
En relación a las personas que se verían más comprometidas la fiscal precisó que «tenemos por el momento tres personas vinculadas y hay otras que aparecen como víctimas pero se debe analizar qué grado de participación tuvieron en los hechos, si fraguaron o falsificaron documentación para convertirse en beneficiarias del programa como es el caso de las denuncias policiales. Y si bien Gendarmería Nacional está investigando los hechos a pedido de la fiscalía, sabemos que en la zona priman dentro de esa fuerza, las unidades especializadas en investigación de narcotráfico. De todas maneras estamos trabajando con todos los elementos que tenemos para dilucidar totalmente el tema que investigamos».
Hechos desencadenantes
Un mes atrás aproximadamente mujeres de Tartagal y de General Mosconi denunciaron ante el periodismo local que mujeres que se desempeñaban en la Dirección Municipal de la Mujer y la Diversidad, las visitaban en sus domicilios para ofrecerles el plan Nacional Acompañar, un programa creado para contención de las mujeres víctimas de violencia de género y que otorga mensualmente un sueldo mínimo vital y móvil por el término de 6 meses a las víctimas. Pero las mismas beneficiarias revelaron que nunca habían sido víctimas de este flagelo y que las gestoras que trabajaban a las órdenes de Carla Cordero les ofrecían falsificarles denuncias policiales por supuestos hechos de violencia nunca sufridos con el solo compromiso que les dieran a ellas la suma de $10.000 mensuales mientras duraba el programa. También se comprometían a gestionarles el ingreso a otros programas sociales de contención.
