Esta mañana, jueves 30 de octubre de 2025, cientos de personas se convocaron en Tartagal para marchar en reclamo de justicia por Agustín Herrera, quien falleció en el Hospital Juan Domingo Perón. La convocatoria partió desde las inmediaciones del hospital y avanzó por calles céntricas de la ciudad, acompañada por estudiantes, vecinas y vecinos, y organizaciones de derechos humanos.
La comunidad exige que no sea un caso aislado: “Queremos que estas muertes no se repitan, que el sistema realmente funcione”, declaró un vocero de la movilización.
La autopsia confirmó que Herrera murió por una peritonitis de origen apendicular que derivó en sepsis generalizada.
Los padres del joven denunciaron que, días antes de su deceso, fue atendido en urgencias con fuertes dolores y fiebre, pero el diagnóstico fue erróneo y no se le realizaron estudios de imagen ni análisis clínicos suficientes.
Qué se investiga y qué se denuncia
Diagnóstico y atención inicial
La familia relata que Agustín ingresó al hospital el sábado 18 de octubre con fuerte dolor abdominal, fiebre y otros síntomas sugestivos de apendicitis. Sin embargo, fue diagnosticado con gastroenteritis, recibió tratamiento con suero y paracetamol y fue dado de alta.
Días más tarde, cuando los síntomas se agravan, vuelve al hospital, se interna y se debía realizar la cirugía, pero no llegó a tiempo: sufrió primero un paro cardiorrespiratorio, y finalmente falleció por shock séptico.
Responsabilidades individuales e institucionales
En la querella, el abogado Alexis Rambert Ríos solicitó la imputación de dos médicos —mencionados en reportes como Araceli Gorgal y Antonio Padilla— por homicidio culposo y mala praxis.
El abogado señaló:
“Cualquier abuela, cualquier enfermero sabe que los dolores intensos, fiebre y dolor en la pierna derecha implican que se está frente a una apendicitis, y que, tomada a tiempo con una cirugía laparoscópica, no deja la más mínima secuela.”
Además, se plantea la responsabilidad del sistema de salud público las guardias médicas, los turnos, los profesionales de apoyo, y el establecimiento de protocolos que —según la querella— no se aplicaron en este caso.
Investigación y medidas internas
La fiscalía a cargo del caso, la unidad de “Graves Atentados contra las Personas” del Ministerio Público de Salta, ordenó el secuestro de la historia clínica de Agustín y la realización de la autopsia en el CIF de Orán.
Por su parte, el hospital informó que abrió un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades dentro del personal y colaborará con la investigación.
El caso como espejo del sistema sanitario regional
Este caso ha generado fuerte repercusión porque pone en evidencia varias debilidades del sistema de salud pública en el norte de la provincia de Salta: la falta de especialidades disponibles, la sobrecarga de guardias, la posibilidad de diagnósticos tardíos, y la supervisión de los establecimientos en áreas de alta demanda.
En localidades alejadas de los grandes centros urbanos, como Tartagal, los especialistas quirúrgicos de urgencia, los estudios avanzados (ecografía, tomografía) o la cobertura de turnos nocturnos pueden ser limitados. El abogado Rambert Ríos reprobó que los médicos implicados “no pueden seguir asistiendo en el hospital porque es un riesgo potencial para los pacientes que llegan confiados en que van a ser atendidos por profesionales, y sucede todo lo contrario”.
La movilización de hoy no sólo exige sanciones para los responsables directos, sino que llama a una “reforma de la guardia”, un mayor control de los protocolos, recursos humanos suficientes y un mecanismo de supervisión en hospitales de cabecera regional.
Próximos pasos
La investigación penal continuará avanzando: se espera que en los próximos días se cite a declaración testimonial a los profesionales intervinientes, se analice el circuito de atención de Agustín y se evalúe la responsabilidad institucional.
Desde el hospital, se aguarda el resultado del sumario interno que puede derivar en sanciones administrativas contra el personal si se comprueba incumplimiento de protocolos.
La comunidad de Tartagal y otras localidades del norte provincial estará atenta a que este caso culmine en medidas concretas: mayor control del sistema, recursos reforzados en urgencias, mayor rapidez en los diagnósticos, y capacitación para que no vuelvan a ocurrir hechos evitables.
Conclusión
La muerte de Agustín Herrera tras una atención tardía y cuestionada se ha convertido en el eje de un reclamo amplio en Tartagal. La marcha de esta mañana marca un antes y un después: la exigencia de que el sistema sanitario regional funcione con la dignidad que corresponde, que las garantías de salud no sean meras promesas y que las vidas de jóvenes no se pierdan por negligencia o falta de acción oportuna. El desarrollo de la causa penal y de las medidas institucionales definirá si esta demanda ciudadana encuentra respuestas.
Redacción: Diario Inclusión.
