Un escándalo sacude al Concejo Deliberante de Tartagal tras el despido de Sebastián Galarza, un joven trabajador con una pensión por discapacidad que se desempeñaba desde hace 18 años en el organismo. El hecho, que fue calificado como un “avasallamiento” por parte de referentes gremiales, fue comunicado de manera abrupta el pasado lunes, apenas minutos antes del cierre de su jornada laboral.
En diálogo con VideoTar, los gremialistas Sandra Hoyos y Aníbal Esquivel relataron que Galarza recibió la notificación a las 13:20, un horario que consideraron “una falta total de respeto”, teniendo en cuenta su trayectoria, condición personal y compromiso laboral.
“Este chico tiene que volver a trabajar. Tiene contrato, como muchos otros. Fue una decisión arbitraria y cruel”, sostuvo Sandra Hoyos.
Según explicaron, la desvinculación se habría realizado en el marco de un supuesto “ajuste de personal”, priorizando mantener en planta a quienes estuvieran en situación más vulnerable. Sin embargo, desde el gremio remarcaron que la condición de Galarza —portador de una pensión por discapacidad y sin otro ingreso fijo— lo coloca justamente entre los más vulnerables.
Precarización y falta de registro: una constante en el municipio
El caso de Sebastián Galarza volvió a exponer el funcionamiento deficiente del sistema de contrataciones en el municipio de Tartagal. Hoyos y Esquivel advirtieron que, pese a los esfuerzos del sindicato, aún existe un gran número de trabajadores sin contratos formales, debido en parte al temor de perder beneficios sociales como pensiones por discapacidad.
“El municipio es uno de los principales empleadores en negro. Muchos trabajadores no quieren firmar contrato por miedo a perder la pensión. Pero eso los deja sin cobertura de salud, sin jubilación, sin derechos”, explicaron.
Los referentes gremiales también denunciaron la ausencia de una base de datos clara y actualizada del personal eventual, lo que permite decisiones discrecionales y arbitrarias.
“Recién en 2021 logramos comenzar a armar un padrón con los datos de cada trabajador. Antes, si alguien sufría un accidente, ni siquiera sabíamos dónde vivía”, destacaron.
Galarza: el rostro de una problemática estructural
Los gremialistas destacaron que Galarza no solo tiene una discapacidad reconocida, sino que también posee una trayectoria laboral intachable. Su desvinculación no solo generó indignación, sino también preocupación por su estado anímico.
“Fuimos a buscarlo a su casa porque no contestaba el teléfono. Estaba devastado. Nos dijo que ya no tenía sentido volver. Pero lo convencimos y lo llevamos de vuelta. Se quedó en su puesto y nosotros con él”, relató Hoyos.
Ante el reclamo, el presidente del Concejo, Sergio Leguizamón, admitió que se trataba de una medida para reducir personal, pero aseguró que se buscaba afectar a los “menos vulnerables”, algo que fue ampliamente cuestionado por los gremios.
Una deuda con los trabajadores
Desde el sindicato exigen la inmediata reincorporación de Galarza y una revisión de la situación contractual de todos los empleados del Concejo. También pidieron mayor sensibilidad por parte de las autoridades al tomar decisiones que afectan directamente la vida y la estabilidad emocional de personas con condiciones particulares.
Este episodio se suma a una larga lista de reclamos por precarización laboral, contrataciones irregulares y uso político del personal en Tartagal, una problemática común en varias localidades del norte salteño.
Redacción: Diario Inclusión.
