El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente el compromiso de ceder sus pretensiones agropecuarias sobre 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente y acordó con la Procuración General de la provincia de Salta un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y extenderse por 30 años.
Los estudios periciales determinaron que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una «Densidad Arbórea de 245 ind/ha y un Área Basal de 10.7 m2/ha». Considerando estos parámetros y respecto a los valores de referencia del Bosque Chaqueño Occidental, se clasificaba como en estado «BUENO».
Entre otros objetivos del acuerdo, se contemplaba la creación de un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, la forestación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea y una importante inversión en materia social, incluyendo a comunidades aborígenes y criollas.
Finalmente, en el acuerdo homologado el 3 de diciembre de 2018, se estableció que en caso incurrir en omisiones, la finca quedaría afectada como área protegida privada hasta su total recomposición natural.
Desde entonces, la Fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, ha reclamado sistemáticamente el cumplimiento del acuerdo y ha reiterado inspecciones técnicas con personal del CIF, Bosques de la Provincia e INTA, sin resultados apreciables.
Ante esto, la Fiscal, competente en lo ambiental, requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal o astreintes, la cual fue consentida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1era Nominación del Distrito Judicial Tartagal, intimando a Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.
El último viernes 30 de mayo de 2024, la Jueza Dra. Viviana Yance resolvió que, como ya hace cuatro años que se intima a la demandada a cumplir cabalmente con su resolución de fecha 3 de noviembre de 2020 sin éxito, corresponde rechazar todos los planteos de nulidades de Karlen. Por ello, ordenó formar expediente de ejecución de la deuda líquida y exigible a diciembre de 2023 por la suma de $67.920.000,00 en contra del fiscal.
