En la próxima sesión del Concejo Deliberante de Tartagal se pondrá a consideración un Proyecto de Resolución (Exp. N° 19.187/25) presentado por los concejales Leguizamón, Gallardo, Bustillos, Soria y Camacho, que propone la creación de una Comisión Investigadora Especial para analizar la posible participación de la actual concejal María Margarita Rauch en maniobras de defraudación y manipulación de denuncias de violencia de género.
El expediente cita como antecedentes las actuaciones judiciales federales en curso, que investigan presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del exintendente Mario René Mimessi. Según consta en la presentación, mujeres en situación de vulnerabilidad habrían sido inducidas a denunciar hechos falsos de violencia de género para acceder a fondos de programas de asistencia como el Programa Nacional Acompañar, los cuales luego eran en parte exigidos por los responsables de su tramitación.
“Un profundo agravio a la dignidad de las víctimas”
En los fundamentos del proyecto, los ediles sostienen que los hechos denunciados “constituyen un hecho de extrema gravedad y un profundo agravio a la dignidad de las víctimas y a la integridad de las políticas públicas de protección a la mujer”.
Los autores remarcan que la presunta maniobra “no solo constituye un delito contra la administración pública, sino también una traición a la confianza depositada por la sociedad y un ataque directo a los principios fundamentales de justicia y equidad”.
La situación tomó estado público en las últimas semanas a través de denuncias presentadas ante Gendarmería Nacional y la posterior adhesión del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación como querellante en la causa. El eco mediático y la viralización en redes sociales generaron una fuerte preocupación en la comunidad.
El rol de Rauch bajo la lupa
El proyecto hace hincapié en la actual condición de concejal de María Margarita Rauch, quien en el período investigado se desempeñó como secretaria de Desarrollo Humano, área bajo la cual funcionaba la Dirección de la Mujer y la Diversidad, entonces a cargo de Carlos Cordero, uno de los imputados.
En este sentido, se plantea la necesidad de “una clarificación exhaustiva de su grado de conocimiento, implicación y eventual responsabilidad en las acciones investigadas, a los fines de determinar si existió omisión, encubrimiento o participación directa en las maniobras denunciadas”.
Comisión Investigadora: plazos y atribuciones
De aprobarse la resolución, la comisión estará integrada por seis concejales, designados por acuerdo de las bancadas o por sorteo, para garantizar pluralidad política.
Tendrá un plazo de 60 días corridos, prorrogables por igual período, para desarrollar su labor y presentar un informe final en sesión especial. Entre sus facultades figuran:
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Solicitar informes y documentación a dependencias municipales, provinciales y nacionales.
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Requerir la comparecencia de funcionarios y exfuncionarios.
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Acceder, con autorización, a documentación judicial federal.
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Recoger testimonios, preservando la identidad y seguridad de las víctimas.
El proyecto asegura también el derecho a la defensa y al debido proceso de Rauch, garantizando su notificación y la posibilidad de presentar descargos y pruebas.
Compromiso institucional
Finalmente, los concejales sostienen que la creación de esta comisión es “un mecanismo democrático y necesario para profundizar el esclarecimiento de los hechos, recabar información adicional y evaluar las responsabilidades políticas y administrativas que pudieron caber a la concejal Rauch en su anterior función”.
Además, remarcan que el objetivo es “salvaguardar la integridad de las políticas públicas destinadas a la protección de las mujeres, reafirmando el compromiso de este cuerpo con la justicia, la equidad y la transparencia”.
El caso será debatido en un clima de gran expectativa social y política, dado que involucra recursos públicos destinados a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, y podría sentar un precedente institucional clave en la historia reciente del Concejo Deliberante de Tartagal.
Redacción: Diario Inclusión.
