El comienzo de 2026 encontró a la Municipalidad de Tartagal, gestión de Franco Hernández Berni, envuelta en un nuevo foco de conflicto: la interrupción de servicios públicos esenciales por no haber renovado, en tiempo y forma, los contratos de proveedores que trabajan para el municipio. La situación no solo impacta de lleno en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que además deja sin sustento a trabajadores y pequeños prestadores que dependen de estos acuerdos para mantener su fuente laboral.
La problemática fue confirmada por la responsable del área de Servicios Públicos, Noemí Ortiz, quien reconoció en un medio local que varios proveedores quedaron “en stand by” tras el vencimiento de los contratos el pasado 31 de diciembre. Camiones y equipos utilizados para alumbrado público, limpieza urbana y recambio de luminarias dejaron de operar, generando la paralización de tareas básicas durante días críticos, coincidentes con las fiestas de fin de año.
Lejos de tratarse de un hecho menor, la situación expone una preocupante falta de previsión por parte de la administración municipal. Los contratos tenían fecha cierta de vencimiento y, aun así, no se activaron los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios. El resultado fue doblemente negativo: proveedores locales sin poder trabajar y barrios enteros afectados por la falta de mantenimiento, limpieza y seguridad.
Ortiz fue clara al deslindar responsabilidades y apuntó directamente a la Secretaría de Hacienda, a cargo del Contador Mario Paz, área encargada de evaluar y renovar los convenios. “No puedo autorizar que trabajen sin contrato”, explicó, dejando en evidencia que la cadena administrativa falló antes de llegar a su área. Sin embargo, más allá de las internas municipales, el impacto recae sobre terceros que nada tienen que ver con las desprolijidades del Estado.
Las críticas internas no tardaron en aparecer. Desde el propio ámbito municipal se calificó la situación como una “negligencia”, al tratarse de servicios que no deberían interrumpirse nunca, y menos aún en fechas donde la demanda suele incrementarse. La falta de control previo y planificación abre además interrogantes sobre posibles problemas financieros del municipio, que no logra sostener con normalidad compromisos básicos.
Mientras desde Hacienda prometen reuniones para destrabar el conflicto y normalizar la prestación, los vecinos continúan padeciendo la ausencia de servicios esenciales y los proveedores siguen sin respuestas concretas. Una vez más, la ineficiencia administrativa termina trasladando sus costos a los trabajadores y a la comunidad.
Redacción Diario Inclusión
